propuesta legislativa

Proyecto de ley viola tratados y convenios

Analizan recomendaciones para incorporarlas al documento que se debatirá el próximo lunes en la Asamblea Nacional.

El Gobierno violará todos los acuerdos comerciales, convenios de promoción y protección de inversiones una vez la Asamblea Nacional, controlada por el gobernante Cambio Democrático, apruebe el proyecto de ley que propone que todas las compañías que están en el negocio de servicios marítimos auxiliares sean controladas en un 75% por accionistas panameños.

Así lo han advertido empresarios que participan en este sector, como es el caso del consultor Carlos Ernesto González De La Lastra y Willys Delvalle, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

La presentación del proyecto que modifica el Decreto Ley 8 de 26 de febrero de 1998, que reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables, se discutiría ayer en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el inicio del primer debate no prosperó, luego que los miembros de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional acordaron posponer el debate para el próximo lunes a las 10:00 a.m.

Las modificaciones al decreto nunca fueron analizadas con los distintos sectores afectados.

El diputado proponente del proyecto, del opositor Partido Revolucionario Democrático, Yassir Purcait, dijo que analiza algunas de las recomendaciones que le han entregado varios sectores para proponer modificaciones a algunos artículos el día del debate.

Sin embargo, Purcait adelantó que no estaría en negociación el tema de mayor conflicto, que es obligar a que todas las empresas auxiliares del sector marítimo estén mayoritariamente en manos de panameños.

Esto implicaría que empresas extranjeras que brindan servicio a barcos que pasan por el Canal o las que despachan combustible en aguas panameñas tendrían que vender sus operaciones a empresarios panameños.

González De La Lastra advierte que a todas luces hay interés de alguien por apoderarse de la industria.

Panamá ha firmado una decena de convenios de promoción y protección de inversiones, además de varios tratados de libre comercio y la Ley 54 del 22 de julio de 1998, que promueve y protege las inversiones efectuadas en el país. Todo esto se estaría violando, dijo González De La Lastra.

En ninguno de estos acuerdos se han incluido restricciones a porcentajes accionarios para la prestación de servicios marítimos auxiliares por parte de extranjeros.

“El peligro es que matemos a la gallina de los huevos de oro por la codicia de algunos empresarios allegados al Gobierno, que están dispuestos a sacrificar al país por ganarse unos reales más”, añadió González De La Lastra.

SERVICIOS MARÍTIMOS

200

Empresas participan en los servicios de la industria marítima auxiliar del país.

10%

Disminuyó la cantidad de naves atendidas en Panamá para el suministro de combustible entre enero y febrero.

1%

Aumentó la venta de combustible a los buques en el primer bimestre.

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