Puerto Rico decide declarar emergencia en ente público

El decreto permite a la Autoridad de Carreteras y Transportación suspender la transferencia de ingresos por peaje a los tenedores de bonos.
Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla.
Alejandro García Padilla.

El gobernador de Puerto Rico recurrió ayer de nuevo a un decreto de estado de emergencia para proteger de demandas a una agencia pública de la isla y preservar su decreciente liquidez, mientras el Congreso en Washington trabaja en un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública de 70 mil millones de dólares.

El decreto le permite a la Autoridad de Carreteras y Transportación suspender la transferencia de ingresos por peaje a los tenedores de bonos, a la vez que impone una moratoria sobre los reclamos legales, dijo el gobernador Alejandro García Padilla.

Esto a su vez permitirá al Gobierno pagar a los contratistas y evitar la paralización de obras de seguridad y mantenimiento, añadió.

La agencia, que opera y mantiene los caminos y puentes en la isla, tiene una deuda de 4 mil millones de dólares, de los cuales debe pagar 233 millones de dólares en julio.

García dijo que la emergencia no impone una moratoria a los pagos de deuda de la agencia, aunque las agencias del Gobierno han caído en incumplimiento de multimillonarios pagos de bonos de manera cada vez más frecuente.

Un análisis difundido esta semana por el Centro para una Nueva Economía, un grupo de estudio con sede en Puerto Rico, dijo que la economía de la isla se ha retraído un 14% desde 2006, mientras que la población ha tenido un declive del 9% y las tasas de empleo se han desplomado en casi un 20%.

Añadió que la agencia necesita casi 25 millones de dólares mensuales para operar y más de 150 millones para pagar a los contratistas.

El mes pasado, la agencia llegó a un acuerdo de 115 millones de dólares con una compañía con sede en España que administra las carreteras de peaje de la isla, y negoció una reducción en la comisión por ingresos de un 50% a un 25%.

Eso provocó una demanda por parte de la aseguradora de bonos Ambac Financial Group, para bloquear el acuerdo ante la preocupación de que pudiera minar a otros demandantes.

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