DISPUTA COMERCIAL CON COLOMBIA

Retorsión, una decisión delicada

Desde el sector privado, piden medidas inmediatas y enérgicas contra Colombia. Las autoridades buscan minimizar los ‘daños colaterales’.

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La comisión interinstitucional que analiza las medidas que se tomarían contra Colombia podría conocerse a finales de este año. Tomada de Presidencia La comisión interinstitucional que analiza las medidas que se tomarían contra Colombia podría conocerse a finales de este año. Tomada de Presidencia
La comisión interinstitucional que analiza las medidas que se tomarían contra Colombia podría conocerse a finales de este año. Tomada de Presidencia

Antes de que finalice el año, Panamá habrá determinado qué medidas de retorsión aplicará contra Colombia. El próximo 15 de noviembre se espera que el árbitro designado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) presente su informe que pondría fin a la disputa comercial de más de tres años entre ambos países.

La tarea de ver qué medidas se tomarán estará a cargo de la comisión ad hoc que estableció el Consejo de Gabinete para evaluar la controversia, luego de que Colombia expidió dos decretos el 2 de noviembre que, según las autoridades panameñas, uno de ellos aún presenta barreras comerciales no arancelarias.

De acuerdo con el ministro de Comercio e Industrias Augusto Arosemena, la intención es llegar a una conclusión antes del 31 de diciembre, cuando vence el decreto panameño que estableció los aranceles a sus topes máximos permitidos a la importación de flores, prendas de vestir, hulla bituminosa -mineral similar al carbón- y cemento.

La comisión está integrada por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado; el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán; el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia y el ministro de Comercio e Industrias.

Esta comisión va a trabajar paralelo al proceso que llevará el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ante la OMC, para reclamar el desmantelamiento indebido de la medida. Son dos gestiones separadas”, dijo Arosemena.

Una vez que el árbitro de la OMC, Giorgio Sacerdoti, presente su informe, Panamá argumentará por qué está en desacuerdo con la forma en que Colombia desmanteló el arancel mixto.

A partir de ese momento, las partes tendrán un plazo de 20 días para negociar, “ a ver si nos ponemos de acuerdo. Si no, Panamá puede solicitar alguna medida de retorsión o compensación [a la OMC]. Eso es un proceso que va a demorar unos meses más”, explicó el titular de comercio.

Disconformidad en los usuarios

Los usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), principales afectados por el conflicto, han exigido en reiteradas ocasiones que Panamá aplique medidas de retorsión contundentes contra Colombia, postura que también respalda el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Ambos gremios manifestaron su descontento tras el anuncio del Gobierno panameño de que una comisión evaluaría qué medidas podría tomar contra Colombia, cuando desde el pasado 27 de octubre se cuenta con una nueva Ley de Retorsión.

No podemos quedarnos de brazos cruzados. Estamos de acuerdo con que Panamá debe ser mucho más enérgico en proteger nuestras exportaciones y nuestros mercados”, señaló la presidenta de Conep, Aida Michelle Maduro.

Usha Mayani, presidenta de la Asociación de Usuarios de la ZLC, subraya que “ para tener un resultado diferente al que hemos visto, se requiere hacer cambio”.

En este caso, las mismas mentes con las mismas posturas sobre el mismo tema van a seguir conversando con un país que cada día está más fuerte en su postura. ¿Cuál sería el resultado”, cuestiona la empresaria.

‘Daños colaterales’

Panamá ha denunciado a Colombia ante la OMC en tres ocasiones: 2006, 2007 y 2013. A excepción de la primera, cuando las partes lograron un acuerdo durante el período de consultas, el demandante ganó las disputas. Empero, en ambas oportunidades el socio sudamericano dilató la terminación definitiva de los casos.

A pesar de estas experiencias, Panamá no ha aplicado una medida de retorsión contra Colombia.

Antes de que se aprobara y promulgara la Ley 48 de 2016, que amplió el alcance de las medidas de retorsión, Panamá solo podía restringir la participación en contrataciones públicas a empresas de países que hubieran tomado medidas discriminatorias contra el istmo.

Ahora, el abanico se extiende a medidas migratorias, laborales y fiscales contra aquellos países que el Gabinete considera discriminan a Panamá.

En este sentido, la histórica relación en distintos aspectos entre Panamá y Colombia requiere de un análisis integral de las medidas que se tomarán, según Arosemena.

Ante el llamado de los gremios empresariales, el ministro entiende que “ ellos velan por sus intereses comerciales, nosotros como gobierno debemos tomar una decisión con base en una relación integral que tenemos con Colombia, que abarca muchas cosas. Nosotros debemos velar por los intereses de todos, y cualquier medida que tomemos tendrá un daño colateral que nos va a caer a nosotros”.

Surse Pierpoint, gerente de la zona franca colonense, destaca que antes de decidir qué medidas se tomarán, es importante “ entender exactamente las ramificaciones” de los decretos que expidió Colombia el pasado 2 de noviembre: “ Ya esto raya en lo absurdo con cómo el gobierno colombiano reitera medidas que a la larga serán encontradas como violatorias a los acuerdos, pero ganan tiempo, y eso nos sigue afectando”.

Según cifras de la ZLC, el impacto del arancel mixto colombiano a las importaciones de calzados y textiles ha mermado en unos $450 millones las reexportaciones hacia Colombia.

Para comprender mejor el alcance que tienen los nuevos decretos colombianos, el ministro Arosemena se reunirá próximamente con su homóloga colombiana María Claudia Lacouture. Aún se trabaja en acordar la fecha para la visita de la ministra colombiana a Panamá.

Mientras se programa el encuentro y se espera el anuncio del árbitro de la OMC sobre el caso, la comisión ad hoc, integrada por Cancillería y los ministerios de Presidencia, Economía y Finanzas, y Comercio e Industrias, inicia sus reuniones de trabajo para analizar qué medidas de retorsión aplicará contra uno de sus principales socios en el continente.

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