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Servicios onerosos del Estado

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Fenecía ya el año 1976, cuando a alguien se le ocurrió que “mantener la plena vigencia de la sociedad” inscrita en el Registro Público bien valía la suma de 50 dólares por año (Ley 77 de 1976).

Así nació la tasa única anual (TUA).

Posteriormente, y bajo la misma frase lapidaria (“para mantener la plena vigencia de la sociedad”), el precio inicial aumentó a 100 dólares por año (Ley 9 de 1980), luego a 150 dólares (Ley 1 de 1985), después a 250 dólares (Ley 61 de 2002) y se extendió a las fundaciones de interés privado.

Con la Ley 6 de 2005 se aumentó a 300 dólares, y finalmente (por ahora) con la Ley 28 de 2012 se aumentó la TUA de las fundaciones de interés privado a 400 dólares anuales.

Para el Registro Público de Panamá ha sido el gran negocio, pues en 40 años el valor se ha incrementado 600 veces y se ha extendido a las fundaciones. Ha sido más rentable que tener plazos fijos en cualquier banco.

Ahora bien, la TUA es un pago anual establecido por ley (artículo 318-A del Código Fiscal) y que se aplica al inscribir y luego por año para “mantener la plena vigencia” o la inscripción válida de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, de fundaciones de interés privado y de cualesquiera otras personas jurídicas nacionales o extranjeras, exceptuando a las organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y sociedades civiles.

También quedan exentas las administraciones de propiedades horizontales, consideradas como personas jurídicas de acuerdo a la ley de esas propiedades.

En otro orden de cosas, ya es de conocimiento público que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) también obliga al sector privado a pagar por los servicios que están a cargo de dicha autoridad, en virtud de la Resolución Anati-DAG-378-16 de 14 de noviembre de 2016, y bajo la premisa de que las tarifas por los servicios que brinda se entienden como costos necesarios no reembolsables.

A falta de ley, buenas son las resoluciones.

El menú de las tarifas es tan amplio como amplios son los servicios que brinda Anati, tales como la revisión y aprobación de planos, mensuras e inspecciones (incluye levantamientos urbanos y rurales, inspecciones oculares a parcelas del Estado y de particulares, demarcación y mensura de áreas urbanas de los municipios, certificaciones y copias de planos, inspecciones para adjudicación de tierras nacionales, servicios de mapoteca, trámites de venta de tierras nacionales, trámites de concesiones de tierras baldías nacionales, trámites de verificación de medidas y linderos, acoplamiento de planos, estudios tenenciales, titulaciones masivas, avalúos, demoliciones y declaración de mejoras, certificaciones y actualizaciones catastrales, y documentación y diligencias ante el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.

Según la misma citada resolución de la Anati, su fundamento legal es la Ley 59 de 2010, específicamente en los numerales 4 y 5 del artículo 19, que trata de las funciones del administrador general de la Anati.

El primer numeral le permite “dictar las disposiciones para la operación y administración del archivo general para el procesamiento y expedición de certificados, títulos… etc. El segundo señala “expedir las normas y especificaciones técnicas de operación y los lineamientos para la prestación de los servicios necesarios para el ordenamiento territorial…”, pero sin hacer referencia del numeral 2 del artículo 28 de la misma Ley 59/2010, que le otorga la autoridad necesaria para ponerle precios a los servicios que ofrece como institución del Estado.

En resumen, los servicios que por obligación deben ser atendidos y realizados por la Anati tienen un costo, a pesar de ser una institución pública y que su presupuesto es costeado, entre otros recursos, por los impuestos que pagan los contribuyentes.

CÁPSULA FISCAL. Ojalá esta medida no haga metástasis en las otras instituciones del Estado, pues de repente tendremos que pagar por el trámite de las declaraciones juradas de renta y por mantenernos en la base de datos de la Dirección General de Ingresos.

El autor es consultor fiscal

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