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Trabajos en autopista Arraiján-La Chorrera se retomarían en enero

La aseguradora, que extendió la fianza hasta mediados de 2017, será responsable de culminar los trabajos.

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La ampliación a seis carriles de los 22 kilómetros de la autopista Arraiján-La Chorrera ha sido cuestionada por sobrecostos y por la calidad de la obra. La ampliación a seis carriles de los 22 kilómetros de la autopista Arraiján-La Chorrera ha sido cuestionada por sobrecostos y por la calidad de la obra.
La ampliación a seis carriles de los 22 kilómetros de la autopista Arraiján-La Chorrera ha sido cuestionada por sobrecostos y por la calidad de la obra. Archivo

Los trabajos pendientes en la autopista Arraiján-La Chorrera podrían ser retomados el próximo mes de enero bajo la responsabilidad de la afianzadora del proyecto, informó la viceministra de Obras Públicas (MOP), Marietta Jaén.

El pasado mes de octubre, el titular de la cartera, Ramón Arosemena, dijo que la entidad ejecutaría la fianza de cumplimento —que vencía este mes de diciembre— luego de los incumplimientos del contratista del proyecto, la constructora Transcaribe Trading (TCT).

El contralor general de la República, Federico Humbert, había solicitado previamente al MOP la intervención de la aseguradora “a fin de exigir que se concluyan los trabajos pendientes, se corrijan las deficiencias y la obra sea terminada a satisfacción conforme a los planos, especificaciones y calidad adecuada a la brevedad posible”.

Fuentes de la industria aseguradora explicaron que cuando la entidad que contrata una obra recurre a la afianzadora por incumplimiento del contratista y se acepta el reclamo, la aseguradora puede pagar al Estado el monto de la fianza o asumir la responsabilidad de concluir el trabajo. Por esta última alternativa se habría decantado el MOP en un intento de acelerar los trabajos. “Al final, nosotros queremos terminar la obra lo antes posible, no necesariamente ejecutar la fianza. Nuestra responsabilidad es entregar una obra completa”, manifestó Jaén.

La otra opción, cobrar el monto de la fianza y buscar alternativas para concluir el proyecto, supondría extender los plazos de entrega. “Este trámite demora mucho. La afianzadora nos daría el dinero y el Estado tendría que resolver”.

En ese lapso, “nadie puede trabajar en el proyecto, porque es parte de un proceso legal y es la evidencia de que el trabajo no se completó. Al final, esto no beneficia al país, porque lo que queremos es la carretera terminada. Estamos tratando de no llegar a ese punto, que es el más crítico y no da una solución inmediata”, afirmó la viceministra.

El MOP espera que los trabajos concluyan en la primera mitad de 2017, fecha hasta la que se ha extendida la fianza de cumplimiento, emitida por Aseguradora Global y que cubre un 25% del monto del contrato, es decir, algo más de $40 millones.

La afianzadora propondrá una solución para concluir el trabajo, que debe recibir el visto bueno del MOP. Desde la industria de seguros explicaron que es habitual que cuando una afianzadora se hace cargo de un proyecto, vuelva a contratar a la misma constructora que lo estaba ejecutando, que pasaría a ocupar un rol de subcontratista y no de responsable principal de los trabajos.

Consultada sobre la posibilidad de que se mantenga el contratista que recibió el contrato original, Jaén contestó: “No creo que vaya a ser TCT a quien la afianzadora escoja. Pero la afianzadora es la que se convierte en responsable del proyecto de la forma en que ellos decidan y nosotros aprobemos”.

El MOP espera que los trabajos concluyan en la primera mitad de 2017, fecha hasta la que se ha extendida la fianza de cumplimiento, emitida por Aseguradora Global y que cubre un 25% del monto del contrato, es decir, algo más de $40 millones.

El MOP espera culminar de esta forma un proyecto heredado de la pasada administración. El contrato fue adjudicado en 2010 por el exministro Federico José Suárez por $152.5 millones y un plazo de ejecución de dos años y medio. Varias adendas extendieron la fecha de entrega y elevaron el monto del contrato a $161.8 millones.

Del monto total del contrato, el MOP tenía pendientes de pago a TCT $18.9 millones. Esta cantidad, que no se terminó de pagar por el incumplimiento del contratista, se destinará a la afianzadora una vez que concluya los trabajos.

La obra siempre estuvo rodeada de polémica por su elevado costo, su demorada ejecución y por la calidad del trabajo. A pesar de esto, recibió aceptación sustancial por parte del MOP en marzo de 2013, todavía durante la pasada administración.

Un informe posterior de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional determinó que el proyecto había incurrido en un sobrecosto de $63 millones.

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