VENTANA FISCAL

Una ley sin ton ni son

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Una ley sin ton ni son

Algunas veces hacerlo mal, pudiendo hacerlo bien, vale menos que no hacerlo. Y tampoco sirve de excusa. En esta ocasión voy a referirme a la recientemente promulgada ley 52 “Que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones”.

Empecemos por analizar el artículo 1, el cual establece que “las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá están obligadas a llevar registros contables y a mantener su documentación de respaldo en las oficinas de su agente residente dentro de la República de Panamá o en cualquier otro lugar dentro o fuera de la República de Panamá, según determinen a sus organismos de administración”.

Se debe entender que dentro del concepto de personas jurídicas están las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, cualquier tipo de sociedades con fines mercantiles y las fundaciones de interés privado constituidas en Panamá.

Para los registros de contabilidad están los libros Diario y Mayor; además se deberá contar con el Registro de Actas y el Registro de Accionistas o de Cuotas o Aportes de Participación (artículo 8).

La primera pregunta: la norma es aplicable solamente a quienes no realicen operaciones comerciales en Panamá?

En sentido contrario, el texto parece decir que si la persona jurídica simplemente no realiza operaciones queda fuera del alcance de la ley 52/2016, aunque se dedique o sea utilizada para ocultar fortunas mal habidas o para actos de corrupción.

La segunda cuestión tiene relación con los registros contables y sus documentos de respaldo.

La ley le deja la opción a los dueños de la persona jurídica a mantenerlos “fuera de la República de Panamá”. Cuál es la razón para mantener registros y documentos fuera del alcance directo de la Dirección General de Ingresos (DGI)?

El mismo artículo 1 agrega que los registros y demás deben mantenerse por un período no menor de 5 años, lo cual implica que después de esos 5 años ya no habrá nada que hacer. Por mera coincidencia es el mismo tiempo de nuestro período presidencial.

El artículo 3 señala que la persona jurídica deberá entregar los registros contables y la documentación de respaldo al agente residente en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de que le sean requeridos por la DGI. En caso de incumplimiento, el artículo 4 obliga al agente residente a presentar su renuncia por escrito e inscribirlo en el Registro Público dentro de los siguientes 10 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo otorgado a la persona jurídica, pues de lo contrario la autoridad competente (DGI) le impondrá una multa de 500 dólares y ordenará su remoción en el Registro Público.

Está claro que se refiere al agente residente, pero la redacción del último párrafo del mismo artículo 4 traslada la sanción a la persona jurídica.

Ahora bien, la persona jurídica no domiciliada en Panamá que incumpla las obligaciones de la ley 52/2016 está sujeta a pagar una multa de mil dólares, y cien dólares por cada día que pase sin que se subsane el incumplimiento, según señala el artículo 7 de la referida ley.

Para hacer efectiva esta disposición, se abrirán las plazas para cobradores internacionales.

Buena era la oportunidad, aunque todavía lo es, para lograr mayor responsabilidad y transparencia de quienes utilizan las personas jurídicas panameñas fuera del radar de Panamá, luego de haber sido constituidas al calor de nuestras leyes y amparadas en el sistema tributario territorial panameño. Basta con obligarlas a presentar declaración jurada de rentas anual que, aunque no tengan que pagar impuestos, servirán para que las autoridades correspondientes estén al tanto de sus operaciones, inversiones, activos y patrimonio. Igual servirán, perdonando la indiscreción, para efectos tributarios como fuente de información bajo juramento sobre sus pagos a terceros localizados en territorio panameño.

Salud y saludos en el mes de la patria.

Cápsula fiscal

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