VENTANA FISCAL

No hay mal que dure siete años...

EU impuso cuotas del 17. BLOOMBERG. EU impuso cuotas del 17. BLOOMBERG.
EU impuso cuotas del 17. BLOOMBERG.

OPINIÓN

En el pasado período presidencial, la administración tributaria de Panamá se caracterizó por atender casi exclusivamente el aumento de la recaudación.

A toda costa. Para ello se utilizaron reformas, aumento de impuestos, moratorias, equipos fiscales, amenazas, irrespetos y críticas a los contribuyentes, a los contadores y hasta a los propios funcionarios.

También se realizaron auditorías fiscales selectivas llenas de cinismo y egocentrismo. En resumen, fue una época de terrorismo fiscal.

Con el aparente fin de fortalecer la estructura de la administración tributaria se eliminó la Dirección General de Ingresos (DGI) y se reemplazó por la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP). Para tal propósito se subrogó el Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970 por la Ley 24 del 8 de abril de 2013, norma que parió a “la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, una institución autónoma del Estado, con competencia nacional, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional y financiera”.

Al poco tiempo, una solicitud de inconstitucionalidad fue interpuesta por los profesionales del derecho Miguel Antonio Bernal y Luis Rogelio García ante la Corte Suprema de Justicia, específicamente contra los artículos 1 y 14 de la referida Ley 24 de 2013.

El primero creó la ANIP como una institución autónoma y el segundo le concedía a su administrador un período de siete años.

Sobre este caso, la Procuradora General de la Nación consideró que los

artículos mencionados no eran inconstitucionales, pero el pleno de la Corte Suprema emitió su fallo con fecha del 11 de agosto de 2014 declarando inconstitucional toda la Ley No. 24 del 8 de abril de 2013, haciendo constar en su parte resolutiva que “recupera vigencia el Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970, y sus modificaciones”.

A pesar de que el fallo quedó ejecutoriado, el administrador de la ANIP solicitó una aclaración extemporánea del mismo ante la Corte Suprema el lunes 23 de septiembre, en evidente acción dilatoria.

Dos días después, la Corte Suprema rechazó la solicitud, aduciendo que el peticionario no era parte del proceso y por lo tanto no tenía cabida en él.

Aunque solamente falta que el fallo de la Corte Suprema sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado, ahora resulta que los demandantes han solicitado que igual se declare inconstitucional el contrato de gestión de cobros que fuera firmado por Luis Enrique Cucalón Uribe, en su condición de director general de Ingresos y en representación del Estado, y por Magaly Ramos en representación de Cobranzas del Istmo, S.A. En mi opinión, el

contrato de marras, identificado con el No. 100 y fechado el 25 de agosto

de 2010 y refrendado por la Contralora el mismo día, al ser firmado por la

entonces Dirección General de Ingresos (aún no había nacido la ANIP) se escapa del caso tal como fue presentado originalmente, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 24/2013.

No obstante la inminente desaparición de la ANIP, por el momento queda

en manos del Ministerio de Economía y Finanzas determinar la ilegalidad de un apresurado contrato otorgado de a dedo o confirmar el incumplimiento del contratista o verificar el cobro de comisiones fuera del mismo contrato, y cuyo alto costo para el Estado es pagado con los mismos impuestos que está llamado a cobrar. O tendremos que esperar que se cumpla su vigencia en el año 2016, sin contar la prórroga de cuatro años adicionales.

En realidad, como señalé en el título de este artículo, no hay mal que dure siete años más ni contribuyente que lo resista.

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