El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) solicitó a Cervecería Nacional presentar los documentos que sustenten los despidos recientes ejecutados por la empresa, con el fin de verificar que se hayan cumplido los procesos legales establecidos.
La ministra del Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que realizaron una inspección en las instalaciones de la compañía y que se otorgó un plazo hasta las 10:00 a.m. del jueves 6 de noviembre para la entrega de toda la documentación relacionada con las terminaciones y desincorporaciones laborales.
“Se le solicitó a la empresa los documentos correspondientes. Ellos manifiestan que se trató de una terminación legal, y por eso deben presentar los sustentos al ministerio”, indicó Muñoz.
Agregó que los trabajadores que firmaron mutuos acuerdos, esos casos se consideran decisiones voluntarias entre las partes, mientras que el Mitradel acompañará a los empleados que fueron despedidos de forma unilateral.
La ministra precisó que la empresa está representada por una firma de abogados, por lo que se espera que sean ellos quienes entreguen los informes requeridos para el análisis de legalidad.
El Mitradel revisará los expedientes presentados para determinar si las acciones ejecutadas por Cervecería Nacional se ajustan a la normativa laboral panameña y, de ser necesario, garantizar la protección de los derechos de los trabajadores afectados.
El pasado 1 de noviembre, Cervecería Nacional informó que, como parte de una operación empresarial para adaptarse a una nueva realidad del mercado, decidió reducir su número de trabajadores.
La empresa explicó que esta medida responde a la caída de ventas en la industria cervecera y al aumento de impuestos aplicados al sector en el gobierno pasado.
En un comunicado, la compañía señaló que la decisión busca optimizar procesos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, asegurando además que las desvinculaciones se realizaron conforme a las leyes panameñas y con el respeto de todos los derechos laborales de los trabajadores.
La medida se produce en un contexto de presión para la industria, tras el incremento del 44% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aprobado en junio de 2024 durante la administración de Laurentino Cortizo, que según gremios empresariales ha afectado las ventas y la estabilidad de las empresas del sector.
