VENTANA FISCAL

Una moratoria diferente

El gobierno de Santos busca recaudar $26218 millones. EFE/Paolo ... El gobierno de Santos busca recaudar $26218 millones. EFE/Paolo ...
El gobierno de Santos busca recaudar $26218 millones. EFE/Paolo ...

OPINIÓN

Dice una canción: “ya llegó lo que tanto esperaban, ya llegó lo que tenía que llegar”. Y en efecto, ya llegó lo que muchos contribuyentes morosos han esperado: un nuevo proyecto de ley que ofrece perdonar los intereses, recargos y multas de todo tributo que esté bajo la responsabilidad de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Se trata de un proyecto que intenta aumentar la recaudación tributaria con el fin de aliviar el déficit fiscal heredado.

Si el proyecto es aprobado, el período de la moratoria vencerá el 31 de diciembre de 2014. Vencido este, y como una importante medida de fuerza para lograr los objetivos, todo tributo que se mantenga moroso y que se haya causado hasta el 30 de septiembre pasado estará sujeto a pagar 20% de recargo y un interés por morosidad de 2% por mes o fracción de mes.

Debo advertir que el documento no indica a partir de cuándo se aplicará el interés y que bien pudiera interpretarse que será desde que se haya causado la morosidad.

En esencia, el proyecto contiene una oferta similar a las históricas moratorias realizadas por gobiernos anteriores, eliminando todo cargo por morosidad siempre que se cancelen dentro de un tiempo perentorio los tributos (impuestos, tasas, contribuciones y multas producidas por estos) que, en este caso, estén causados y morosos al 30 de septiembre de 2014.

El beneficio ofrecido incluye los recargos e intereses sobre los saldos de los arreglos de pago y los tributos adeudados por agentes retenedores y responsables de su pago. Además, los intereses sobre impuestos morosos provenientes de los bienes inmuebles.

Igual se ofrece la oportunidad para acogerse a los beneficios de la moratoria a los contribuyentes que tengan procesos pendientes por liquidaciones adicionales, gravámenes de oficio o cualquier requerimiento de pago, con la condición de que se allanen o desistan de los recursos de ley de acuerdo a la instancia en que se encuentre cada caso, ya sea ante la DGI, el Tribunal Administrativo Tributario o la Corte Suprema de Justicia (¿?). Todo tributo proveniente de litigios que resulten contrarios al contribuyente y que no se pague dentro del período de la moratoria sufrirá un recargo de 20% e intereses al 2% por mes o fracción.

Los contribuyentes omisos, entendiéndose como tales quienes no hayan presentado sus declaraciones juradas de impuestos (rentas, ITBMS y demás) que debieron ser presentadas hasta el 30 de abril de 2014, también son arropados por los beneficios de la moratoria y estarán exentos de recargos, intereses y multas, con la condición de que abonen el 50% de los impuestos que resulten y que cancelen el resto a más tardar el último día hábil de 2014. Cualquier saldo no pagado dentro del período de moratoria estará sujeto al recargo de 20% más intereses de 2% por mes o fracción.

Los impuestos que provengan de procesos por defraudación fiscal están excluidos de los beneficios del proyecto. Ley y lógica por delante.

En resumen, el proyecto de ley se refiere solamente a la eliminación de las sanciones económicas sobre tributos adeudados y no incluye las multas por otros incumplimientos de los contribuyentes, como el no entregar los informes requeridos por la DGI.

Es de conocimiento público mi rechazo a las llamadas moratorias tributarias que, con el fin de aumentar la recaudación, han sido cíclicas y esperadas por los morosos profesionales, quienes se alivian de los cargos moratorios en detrimento de los intereses del Tesoro Nacional y crean la sensación de que vale el riesgo de esperar la próxima. Y se ríen del cumplimiento voluntario.

Para evitar esa risa es necesario que las mismas sanciones sean aplicadas a toda morosidad tributaria, especialmente la de personas jurídicas, sin importar la fecha en que se origine. Para ello basta con reformar ciertas normas fiscales.

Aun así debo admitir que en esta ocasión el proyecto se ha diseñado en tal forma que quienes no se acojan a la oferta, sufrirán fuertes sanciones económicas que hará onerosa cualquier deuda tributaria impaga, siempre que haya sido causada antes de octubre de 2014.

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