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VENTANA FISCAL

La reforma tributaria necesaria

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La reforma tributaria necesaria

Osvaldo Lau C.

OPINIÓN

Muchos se asustan cuando se habla de una reforma en materia de impuestos. Contrario a lo que ofrecían los políticos en las últimas elecciones, soy partidario de una reforma fiscal. Una reforma no para aumentar los impuestos, sino para hacer más justo y equitativo el sistema tributario.

Hoy vuelvo a insistir en la necesidad de una reforma y empiezo con las tarifas del impuesto de inmuebles que exigen una reorganización, independientemente de la posible eliminación de los avalúos que fueron realizados por las anteriores autoridades catastrales en apego a las normas del Código Fiscal, normas ignoradas por los contribuyentes y rechazadas por otros con ánimos de protagonismo.

En un estudio del impuesto en cuestión, realizado para una charla sobre el mismo, pude confirmar que Panamá tiene la tarifa general del impuesto de inmuebles, mejor conocida como tarifa progresiva combinada (TPC), más alta en comparación a la de los países vecinos y más allá. Para mantener el dinamismo de la inversión inmobiliaria y con ello la actividad de la industria de la construcción y la de los servicios financieros, no menos importantes que la primera, no hay nada mejor que una buena oferta impositiva que por lo menos compita con la de los otros países del área. Para cumplir con lo anterior, sigo recomendando una tarifa anual única para propiedades residenciales de 0.75% sobre el valor catastral registrado y para todo otro bien inmueble no residencial de 1% anual.

Igual estoy convencido en la necesidad de elevar el tramo exonerado del impuesto de inmuebles a 50 mil dólares, que hoy es de 30 mil dólares, por razones estrictamente sociales que se justifican por el aumento de los costos de construcción. Por las mismas razones sociales, he explicado que la exoneración total del impuesto en estudio debe ser para todo bien inmueble que sea adquirido por una persona natural en calidad de su primera vivienda, y mientras mantenga su titularidad y sea su única propiedad.

Por otro lado, el valor catastral de muchas propiedades es una aberración, pues siempre se han quedado en el pasado por diferentes razones. Razones hay varias: una de ellas es porque siguen siendo propiedad de su primer comprador; otra es porque su propietario no ha declarado las mejoras (obras permanentes) realizadas al mejor estilo de la propiedad del anterior gobernante en el sector colindante al Parque Omar (antes el campo de Golf); y otra es porque simplemente se ha cometido defraudación fiscal falseando el valor de transferencia o venta de la propiedad. Para actualizar los valores catastrales existen dos formas; una llega con la transferencia del inmueble documentada en debida forma y otra con un aumento porcentual fijo anual que se aplicaría a toda propiedad. Con la sola excepción de las viviendas de interés social por razones sociales. En Nicaragua, por ejemplo, los valores se incrementan 5% anual, cumpliendo así la actualización automática acorde con el valor estimado del mercado o de reemplazo.

Una de las tantas situaciones que se deben estudiar está en las sanciones por defraudación fiscal. El crimen de la evasión es contra el Estado que somos todos y merece un castigo ejemplar. Eso lo pudo comprobar Alphonse Gabriel Capone con sus 11 años de prisión por ingresos ilegales y defraudación fiscal, y otros famosos personajes que confrontaron al fisco de Estados Unidos.

En cambio, en Panamá las sanciones por defraudación fiscal en el impuesto de inmuebles (artículo 764 del Código Fiscal), parecen ofrecer el margen para correr el riesgo por ser tan benévolas. Además, la falta de fiscalización y nuestro sistema legal con sus trucos dilatorios dan oportunidad a la defraudación fiscal. Decía el referido Al Capone que “se llega más lejos con una sonrisa y una pistola, que solamente con una sonrisa”.

CÁPSULA FISCAL – No obstante, lo señalado en cuanto a las tarifas del impuesto de inmuebles, las disposiciones sobre este impuesto contienen el beneficio de la exoneración según el valor de la propiedad y que puede llegar hasta 20 años, bajo el principio que en ese período el propietario habrá podido mejorar su economía personal y que posiblemente habrá cancelado su hipoteca. Amén.

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