Definen los cambios en esquema de contrataciones

Las reformas a la ley entraron en una etapa de análisis por entidades y representantes de las organizaciones empresariales del país.
Eduardo Corro Eduardo Corro

Eduardo Corro

Eduardo Corro, director de Contrataciones Públicas, anticipa que los cambios a la ley permitirán contar con mecanismos más transparentes. Eduardo Corro, director de Contrataciones Públicas, anticipa que los cambios a la ley permitirán contar con mecanismos más transparentes.

Eduardo Corro, director de Contrataciones Públicas, anticipa que los cambios a la ley permitirán contar con mecanismos más transparentes.

“Aquellas empresas, nacionales o extranjeras, que hayan participado en actos de sobornos quedarán inhabilitadas para participar en licitaciones”.

La anterior será una de las reformas que se espera incluir en la ley que rige para las compras y licitaciones estatales, según lo reveló Eduardo Corro, director de Contrataciones Públicas.

El funcionario aseguró que la idea es eliminar todos los cambios que introdujo la administración de Ricardo Martinelli a la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

El gobierno anterior flexibilizó los procedimientos para licitaciones abreviadas y por mejor valor, y aumentó las fianzas para los recursos de impugnación.

Antes de que el anteproyecto llegue a la Asamblea Nacional, los cambios serán analizados con organismos empresariales.

‘Seremos más rigurosos’

Si se cumplen los plazos y proyecciones del Gobierno, a partir de este año el Estado manejará un nuevo manual para hacer sus compras, contratar proveedores y convocar licitaciones.

Hace dos días se anunció de la evaluación y análisis de las reformas a la Ley 22 del 27 de junio de 2006. En la Presidencia de la República se presentó el borrador de los cambios que se avecinan.

Funcionarios de 10 instituciones recibieron el documento que también pasa por el tamiz de representantes de la sociedad civil y las organizaciones empresariales más importantes del país.

En el año 2010, durante la administración de Ricardo Martinelli, las compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN) fueron excluidas de la Ley de Contrataciones Públicas.

Los dos directores del PAN en el gobierno de Martinelli, Giácomo Tamburrelli y Rafael Guardia, tienen medidas cautelares -el primero tiene país por cárcel y el segundo, detención preventiva- por las compras irregulares del PAN.

Además, la administración Martinelli flexibilizó los procedimientos para licitaciones abreviadas y por mejor valor y aumentó las fianzas para los recursos de impugnación.

En una entrevista a este diario, Eduardo Corro, director de Contrataciones Públicas, adelantó las reformas más importantes que se harán.

¿Qué han hecho en el proceso hacia las reformas?

Una de las primeras medidas que adoptamos fue nombrar un equipo jurídico para que revisara los 149 artículos de la ley. Por otro lado, el Ministerio de Economía, la Contraloría General de la República y la Presidencia han designado un equipo de trabajo y en conjunto hemos revisado la ley.

Hemos tenido acercamiento con gremios de la sociedad civil, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cámara de Comercio y la Cámara Americana de Comercio, entre otras.

¿Cuál es el diagnóstico del equipo legal?

Nos hemos enfocado en ver todas las modificaciones que se hicieron en la pasada administración, que son las que más han preocupado a la ciudadanía. Estamos considerando en las modificaciones la eliminación de la licitación abreviada.

¿Por qué? Explíquenos más a fondo la propuesta.

Los tiempos de convocatoria de estos actos son cortos y esto no permite una mayor participación de los proveedores.

Además, estamos revisando puntualmente el método de licitación por mejor valor con evaluación separada. Hay preocupación por parte de la ciudadanía [en la aplicación de este esquema] cuando se puede trabajar con la licitación por mejor valor.

Con la licitación por mejor valor con evaluación separada se trabaja con el precio de referencia oculto. Y entre más transparencia se tiene, la sociedad está más tranquila.

Otro tema es que estamos tratando de incorporar el PAN en la Ley 22. Esta entidad se excluyó de la aplicación y amparo de la ley de contrataciones.

De las nueve modificaciones que se hicieron en la administración de Ricardo Martinelli, ¿cuáles se quedarían y cuáles se eliminarían?

En general estamos retrotrayendo la ley a como estaba originalmente. Y estamos revisando cada artículo para hacer la ley mucho más transparente y eficiente.

Se reforzará la capacidad que tiene el Estado para inhabilitar a proveedores que no cumplan. Estamos tratando de incorporar artículos mucho más fuertes que luchen en contra de la corrupción en las contrataciones públicas, mucho más fuerte en la división de materia y cerrando la puerta a la compra de los mismos servicios o materiales en diferentes actos públicos en un período de tres meses.

Aquellas empresas nacionales o extranjeras que hayan participado en actos de sobornos quedarán inhabilitadas para participar en licitaciones.

¿Durante cuánto tiempo quedarán inhabilitadas? La ley colombiana, por ejemplo, estipula 20 años.

El tiempo de inhabilitación se desconoce, todavía no hay un borrador final, pero queremos ser mucho más rigurosos de lo que somos hoy con las empresas.

¿Por qué proponer estas reformas ahora y no cuando se hicieron las contrataciones de las obras más importantes del gobierno, durante el primero año?

Solo ha pasado el 20% del período presidencial, queda el 80% por delante y vendrán muchas licitaciones importantes, Por otro lado, el gobierno estaba enfocado en otros temas muy puntuales para poner orden en la casa. Tenemos un contralor y una procuradora independiente y creo que ahora le toca el momento de las reformas a la Ley 22 (...).

En las próximas semanas o meses tendremos una ley mucho mejor que la que teníamos en 2006.

La diputada Ana Matilde ya había presentado un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional en el que planteaba eliminar todas las reformas del período Martinelli.

Hemos incorporado este anteproyecto en el documento de consulta, tenemos muchos temas en común y habrá mucho consenso con la diputada y la Asamblea Nacional con lo que presentaremos finalmente.

¿ Se han frenado procesos de compras o licitaciones durante su administración?

Sin entrar en detalle de una licitación en particular, existen alrededor de 50 proveedores que han sido inhabilitados por las entidades por no haber cumplido con sus compromisos contractuales. Por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas hay otros 13 proveedores inhabilitados. En algunos casos, por no haber cumplido con los precios establecidos (...).

Seremos mucho más rigurosos en la revisión de los convenios marco para asegurarnos que los proveedores respeten los precios pactados.

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