Un total de 1,450 trámites pendientes de refrendo se han acumulado en el último mes y medio en la Universidad de Panamá, afectando de forma directa el funcionamiento institucional y la ejecución del presupuesto asignado para el año en curso.
La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa emitida por la Universidad de Panamá, en la que las autoridades universitarias advierten sobre el impacto que esta situación tiene en áreas fundamentales del quehacer académico, investigativo y administrativo de la casa de estudios.
Según la nota de prensa, 700 trámites permanecen estancados en la Coordinación Regional de la Contraloría General de la República, mientras que 750 están en espera en la sede central del organismo fiscalizador. Esta acumulación ha generado demoras significativas en la adquisición de bienes y servicios esenciales, afectando la operatividad institucional.
“Esta situación ha tenido efectos negativos en múltiples áreas, poniendo en riesgo la continuidad de servicios clave para la comunidad universitaria”, advierten las autoridades.
Impacto en los servicios
Entre las consecuencias detalladas se mencionan la suspensión de la confección de diplomas y la realización de actos de graduación debido a la falta de materiales, así como retrasos en el refrendo de proyectos de cooperación internacional, lo que obstaculiza programas conjuntos con instituciones extranjeras.
Asimismo, se ha visto afectada la adquisición de insumos básicos para las cafeterías universitarias, el suministro de alimentos para el Centro de Atención Integral de la Primera Infancia y la compra de materiales, medicamentos e insumos para el Hospital Veterinario de la institución.
También se reportan limitaciones en la movilidad de docentes y estudiantes para giras académicas, así como dificultades para adquirir equipos de laboratorio, insumos para investigación y materiales necesarios en centros regionales, programas en comarcas indígenas y centros penitenciarios.
La paralización de pagos, contrataciones y servicios básicos como agua, electricidad y combustible, además de la afectación de actividades agrícolas como la siembra de arroz, también forma parte del impacto reportado.
Reestructuración del proceso de refrendo
Desde el pasado 7 de mayo, la Contraloría General de la República trasladó la Oficina de Fiscalización que atendía directamente a la Universidad de Panamá hacia la Coordinación Regional ubicada en Plaza Edison. Según las autoridades universitarias, esta medida ha provocado un aumento considerable en los tiempos de tramitación.
La nueva exigencia establece que la mayoría de los documentos —salvo los procedentes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina— deben ser remitidos primero a la Coordinación Regional y luego a la sede central, duplicando los pasos administrativos.
La medida, según la Contraloría General de la República, buscaba salvaguardar la integridad de sus funcionarios, quienes fueron expuestos a riesgos durante las manifestaciones registradas en el recinto universitario. El personal fue reubicado en las oficinas de Plaza Edison, hasta que existan condiciones seguras para retomar las labores en el campus.
Llamado al contralor
En la nota de prensa, la Universidad de Panamá hizo un llamado respetuoso al contralor general de la República, Anel Flores, solicitando el restablecimiento de la Oficina de Control Fiscal dentro del campus universitario y que se eleve el monto de refrendo a $50,000, tal como se había establecido anteriormente.
“Este monto es actualmente muy bajo, considerando que el presupuesto está destinado a obras, compra de equipos y adecuaciones de infraestructura a nivel nacional”, señala.
Las autoridades universitarias advirtieron que, mientras no se agilicen los trámites pendientes, la continuidad de los servicios esenciales y la ejecución eficiente del presupuesto institucional seguirán comprometidas, afectando a toda la comunidad universitaria y limitando su impacto a nivel nacional.
