Hoy por hoy

En 10 meses de pandemia, hemos sido testigos de toda clase de atropellos. Pareciera que, por alguna razón patológica, el Gobierno no puede apegarse al cumplimiento de normas, transparencia y sentido común para evitar la –presunta– corrupción en las contrataciones públicas y gestión administrativa. Actúa como si los sobreprecios, el tráfico de influencias y la incapacidad (de proveedores y entidades contratantes) fueran inevitables. Y ni idea del inventario o de las cantidades en juego, pues el Ministerio de la Presidencia, que en mayo dijo que los miércoles rendiría un informe de las compras en pandemia, nunca lo hizo. Si en bonos y vales digitales se han destinado $543 millones hasta diciembre pasado, quién sabe a lo que asciende el desembolso en insumos, equipos médicos, módulos y demás compras y servicios contratados bajo el estado de emergencia. Es inadmisible que el Ministerio Público no lidere las investigaciones que permitirían conocer el monto y quiénes son los autores y beneficiarios del atraco. Si no puede hacerlo, que se lo pida a la Procuraduría de la Administración o convoque a una veeduría ciudadana, pero que haga algo, que se gane el sueldo.

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