Panama Ports Company (PPC) tejió sus hilos con el poder político para la extensión de su contrato en el país por los próximos 25 años. La empresa pactó con el gobierno de Laurentino Cortizo un inusual esquema de aportes económicos, alejado de lo que había sido su comportamiento financiero en política de dividendos, con lo cual perpetuó su presencia hasta 2047.
La primera movida visible fue en enero de 2020, cuando el presidente ejecutivo de Hutchinson Ports PPC, Jared Zerbe, informó a sus colaboradores que durante un año se había nombrado a Alejandro Kouruklis como asesor contractual de la compañía y relaciones gubernamentales.
La empresa aseguraba su artillería corporativa en momentos en que se revisaría su contrato, cuya terminación era en 2022, cuando se cumplían los primeros 25 años de concesión que dio el Estado panameño.
Una de las cláusulas de este contrato establece que se prorroga automáticamente, por un período adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, “siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo con este contrato”.
Kouruklis conocía lo que estaba en juego. Fue gerente de PPC por una década, hasta diciembre de 2010, periodo durante el cual la compañía solicitó la equiparación al Estado para que se le igualara el contrato con otros operadores portuarios.
En enero de 2020, el ministro consejero, José Alejandro Rojas, dijo que “los pagos serían lo esencial en una revisión y áudito del contrato”, que para ese entonces no se había hecho. Rojas es el representante del Estado en la junta directiva de PPC.
Unos 11 meses más tarde, en diciembre de 2020, la Contraloría General de la República remitió a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) una copia autenticada de la auditoría que hizo de marzo a diciembre del año pasado, con relación a los 25 años de duración del contrato de concesión entre PPC y el Estado, emitiendo criterio de conformidad respecto al cumplimiento de sus obligaciones básicas.
Así quedaba el camino libre para PPC, cuya renovación del contrato está avalada en la Resolución JD-043-2021 de la AMP, publicada en la Gaceta Oficial 29316-B del 25 de junio de 2021. Esta resolución transcribe los tiempos y las condiciones que PPC pactó con el Estado, que tiene una participación accionaria del 10%.
La empresa portuaria le dará a Panamá algo que han llamado desembolsos “solidarios” o una especie de donativos; pagos anticipados de dividendos, y aportes no aplicados a favor de Panamá por su participación accionaria.
El 21 de mayo de este año, PPC remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dos cheques con un aporte extraordinario de $150 millones, que desglosan así: $83 millones correspondientes al 10% de participación accionaria; $20 millones en concepto de dividendos pagados por adelantado por los próximos cinco años, y un aporte de $27 millones de dividendos a cobrar de PPC, para “mostrar solidaridad en estos tiempos críticos”; además de otro aporte de $20 millones, para un programa educativo del Gobierno.
PPC entregó cheques con pagos de operaciones futuras que se supone no estaban garantizadas. Lo hacía un mes antes de que se renovara su contrato y mientras la AMP le decía al país que su junta directiva se mantenía en sesión permanente, analizando la solicitud de prórroga automática para que la empresa portuaria siguiera operando los puertos de Balboa y Cristóbal.
El MEF justificó a este diario que aunque recibieron los cheques, no fueron capturados como ingresos al fisco hasta tener la confirmación del contrato renovado.
En la resolución publicada en Gaceta Oficial no se explica en detalle cómo se llega a los $83 millones correspondientes al 10% de participación accionaria, pero estos provienen de utilidades que estaban acumuladas a través del tiempo y que no habían sido distribuidas.
Antes, este diario publicó que de acuerdo con el resultado de la auditoría de la Contraloría, PPC tuvo en 23 años y cinco meses, ingresos acumulados por $4 mil 345 millones y realizó desembolsos por $3 mil 435 millones, con una utilidad acumulada de $909 millones 991 mil.
Con base en estos resultados, el Estado debía haber recibido más de $90 millones, pero los pagos de la empresa fueron por $8 millones, mientras que se dejaron de pagar unos $82 millones de los dividendos que le correspondían al país por el 10% de las acciones.
Contrario a la distribución de fondos que ahora aplica PPC, en el año 2015 su junta directiva pagó dividendos a sus accionistas por la suma de $10 millones, de los cuales $1 millón se destinaron al Estado por su participación accionaria del 10%. Bajo condiciones similares, en 2017 se declararon y pagaron dividendos por $20 millones, de los cuales $2 millones fueron para el Estado.
En 2018, se hizo un nuevo pago de $20 millones, de los cuales $2 millones correspondieron a Panamá.
En 2019 se pagaron dividendos por $30 millones y $3 millones quedaron en manos del Estado.
La renovación del contrato, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, fue firmada por el viceministro de la Presidencia, Carlos García Molino, y por Noriel Araúz, administrador de la AMP, el pasado 23 de julio.
