Panama Ports Company (PPC) recibió el 28 de junio de 2021 la certificación de prórroga al contrato de concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta 2047, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
De acuerdo con el trámite, la junta directiva de la AMP debía autorizar al administrador Noriel Araúz, para que certificara el cumplimiento o no del contrato. Esta autorización la aprobaron los miembros de la junta directiva de la AMP, bajo la presidencia del viceministro de la Presidencia, Carlos García, el 23 de junio de 2021, luego de reconocer de manera unánime, el cumplimiento de las condiciones básicas del contrato entre el Estado y PPC.
Es decir, cinco días después de la decisión de la directiva, PPC recibió la certificación del administrador de la AMP, Noriel Araúz, para la vigencia del segundo período de 25 años del contrato de concesión, bajo los mismos términos y condiciones.
La aprobación de la prórroga se mantuvo en opacidad. Incluso, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá envió una nota al administrador Araúz, el pasado 12 de enero de 2022, preguntando si ya se había otorgado la certificación de cumplimiento y pidiendo que se le informara mediante qué norma jurídica se promulgó dicha certificación.
En respuesta a información solicitada por este diario desde la semana pasada, la AMP informó ayer que este reconocimiento fue emitido mediante Certificación SG No. 021-06-2021 de 28 de junio de 2021, suscrito por el administrador de la AMP, “en el que se indica que se han cumplido con las obligaciones básicas contractuales estipuladas a través del contrato Ley 5 de 16 de enero de 1997 y sus respectivas adendas, y que se encuentran vigentes los derechos de concesión otorgados a Panama Ports Company, S.A., hasta el 31 de enero de 2047”.
El gremio empresarial señaló en la carta que desde el 7 de junio envió algunas consideraciones para que se lograra un contrato en beneficio de los mejores intereses para la nación panameña, y se quejó de no haber podido concretar una reunión para conversar sobre este tema.
“Se nos concedió una reunión virtual que nos cancelaron y no programaron una nueva fecha”, lamenta la nota firmada por el presidente del gremio, Jose Ramón Icaza.
La opinión pública se oponía a renovar esta concesión porque las condiciones del contrato original con PPC fueron cambiadas en 2002, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, al eliminar las cláusulas en las cuales la empresa se comprometió a pagar al Estado $22.5 millones de canon anual y el 10% de los ingresos brutos. Esta derogación representó más de $500 millones que dejó de percibir el Estado panameño, con lo cual se modificaron todas las condiciones del contrato, incluso su compromiso de inversión, según el análisis de representantes del sector. Además, en los primeros 18 años de operaciones, PPC no hizo pagos de dividendos por el 10% de participación accionaria del Estado y fue en 2015 que aportó el primer millón de dólares.
Finalmente, tras las negociaciones, la empresa pagó al Estado lo correspondiente a los dividendos, que totalizaban más de $90 millones, pero que solo había aportado $8 millones.
En este segundo período de vigencia, la empresa deberá pagar al Estado, en concepto de dividendos, un mínimo de $7 millones anuales. Según informó la AMP, este pago se formalizará a través de la firma de un acuerdo de accionistas. Se desconoce cuándo y cómo será ese acuerdo.
El segundo periodo de la concesión de PPC empieza en medio de un crecimiento en el negocio de trasbordo.
La propuesta de construir un tercer puerto en Corozal no prosperó en parte por el rechazo de PPC, a través de recursos legales.
Aunque el contrato seguirá bajo los mismos términos, el conocedor del sector marítimo, Carlos Ernesto González De La Lastra, ha señalado que la AMP debe dejar claramente establecido a PPC que no puede hacer ninguna campaña en contra del interés de la República de Panamá, si el país decide hacer un contrato con otro operador portuario en el lado pacífico.
