Hoy por hoy

La propuesta aprobada en en la Comisión Nacional de Reformas Electorales de llevar la votación para aprobar los asuntos delicados por una mayoría calificada era un notable paso, un progreso importante para que fueran los electores –y no los partidos políticos– los que tuvieran la última palabra en los temas que les preocupa a los ciudadanos. No se trataba de robar protagonismo, se trata de hacer reformas electorales que solucionen problemas que los políticos no lo han permitido hacer. Durante años, los ciudadanos han tratado que el proceso electoral fuera más transparente y que los candidatos a cargos de elección fueran viables frente las necesidades del país. Por ello, resulta incomprensible que sea el propio Tribunal Electoral –el garante de procesos de elección justos y transparentes– el que no reconozca un asunto que ha sido aprobado en el seno mismo de la propia Comisión Nacional. Se pierde una valiosa oportunidad –como muy pocas veces la ha habido– para que nuestros funcionarios entiendan que son los ciudadanos –y no los políticos– los que ponen las reglas para todo aquel que quiera ser elegido por el voto popular para servir a la sociedad.

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