Unas 200 familias que hace tres años invadieron 12 hectáreas ubicadas en el sector de El Polvorín, en el corregimiento de Cativá, se encuentran en pie de guerra, pues aducen que ahora las autoridades las quieren sacar de sus casas, ya que esos terrenos supuestamente pertenecen a un consorcio turístico privado denominado La Granja.
Sayonara Chevale, vocera de las familias, señaló que en dos ocasiones han recibido la visita del corregidor de Cativá, quien con documentos en mano les ha dicho que tienen que abandonar los terrenos, pues son privados, cosa que ellos han constatado que no es cierto.
“Nos quiere sacar un señor llamado Vladimir Moreno, de nacionalidad colombiana y dueño de La Granja, quien ha venido aquí con el corregidor y con una orden de desalojo emanada del Juzgado Segundo de Colón”, indicó Chevale.
Precisó que obtuvo un documento del Registro Público, el cual indica que los terrenos que ocupan pertenecen al Estado.
Al respecto, Marcos Zárate, gerente de Ventas y Proyectos de La Granja, afirmó que ellos cuentan con los títulos respectivos de estas tierras, pero que personas inescrupulosas se atrevieron a vender lotes de esta propiedad a particulares, lo que fomentó una invasión totalmente ilegal, lo que se ha denunciado ante la Corregiduría de Cativá para su pronto desalojo.
Zárate relató que el propietario de la hacienda La Granja permitió que algunas familias que ya tenían construcciones permanentes legalizaran su situación, pero ello ha dado pie a que sigan las invasiones de personas que derriban bosques, lo cual no puede permitirse.
“No solo hemos perdido con la tala de árboles, sino también el hurto de ganado, y por si fuera poco nos han sacado armas por exigirles que salgan de la propiedad privada”, dijo Zárate.
En tanto, el director regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Osvaldo Chavarría, reveló que ha recibido instrucciones de reunirse con las partes en conflicto, a fin de buscarle una solución a este problema.
“Hablamos con los moradores de El Polvorín y quedamos en reunirnos. Créame que todo lo que tengamos que hacer para proteger a los moradores, lo vamos a hacer, principalmente por la falta de vivienda existente en nuestra provincia”, subrayó el funcionario.
Tanto el alcalde del Colón, Dámaso García, como el representante de Cativá, Tilio Meneses, dijeron no tener nada que ver con la autorización de desalojo de las familias.