Como un “cuello de botella” calificó la mayoría de los representantes de corregimiento de la provincia de Colón, el manejo que debe darle la Contraloría General a la ejecución de los proyectos de obras comunitarias.
Esta situación y un posible aumento a las partidas de las juntas comunales fueron tratados en la reunión de evaluación entre el Consejo Provincial de Coordinación de Colón, directivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de todo el país y los alcaldes.
Para Feliciano Villareta, alcalde del distrito de Donoso, en la costa abajo de Colón, la reunión con el MEF fue positiva. Sin embargo, dijo que espera que lo planteado sea de fiel cumplimiento, dado que las comunidades suelen culpar a sus representantes y alcaldes de los atrasos en la ejecución de las obras.
Según Anayansi Guerra, directora Nacional de Economía y Finanzas, ella y su equipo escucharon los señalamientos de los concejales y aunque reconoció que el desarrollo de algunos programas ha sido lento, siente que van en el camino correcto.
Por ello anunció que se reunirán en breve con el personal de Contraloría para detectar dónde está el “cuello de botella”, como indican los representantes, a fin de buscarle solución.
En tanto, Alex Lee, representante del corregimiento de Barrio Sur, distrito de Colón, se quejó de discriminación, por ser de un partido de oposición, cuando llega el momento del desembolso y supervisión de las partidas para obras comunitarias que entrega el Gobierno.
“Tengo que resaltar que nosotros somos del Partido Revolucionario Democrático y que no recibimos el mismo trato que los de la alianza oficialista de parte del MEF”, señaló Lee.
Como ejemplo, explicó que sus colegas oficialistas ya recibieron su segunda partida del Programa de Obras Comunitarias, 10 mil dólares, mientras que los de oposición deben hacer informes para recibirla.
A la reunión asistieron los 40 representantes de corregimiento, dos de los cinco alcaldes de distrito y el gobernador de la provincia, Pedro Ríos, quienes solicitaron al MEF la eliminación del control previo en los proyectos comunitarios y el aumento de 3 mil a 6 mil dólares en las partidas que reciben las juntas comunales para su funcionamiento.
