Debido a la inminente expedición de una nueva ley de migración que reemplazará al sabio pero ya desfasado Decreto Ley 16 de 1960, se impone al menos una reflexión sobre la posibilidad y conveniencia para todos de incluir en dicha ley un proceso de regularización gradual de los miles de inmigrantes indocumentados que residen en el país. La mayoría de ellos realiza trabajos por cuenta propia, de forma honrada, de modo que la ley debe facilitar no solo su integración legal, sino social y económica.
A partir de la expedición de la Ley 47 de 1999, que aprobó extender el período de tiempo para permitir que el "turista" permanezca en el país hasta por seis meses (lo que no resiste el menor análisis) y debido a otros factores nacionales y regionales, el ingreso de personas generalmente jóvenes y sin mayor calificación profesional en busca de trabajo aumentó y, con ello, la cantidad de personas sin posibilidades de obtener sus documentos para el logro de una permanencia en el país, como ordenan las leyes migratorias, laborales, de seguridad social y fiscales.
La adopción de una nueva legislación migratoria –que inspirada en mejorar la seguridad nacional promueva una migración más selectiva– debe de considerar e incluir normas que permitan dentro de parámetros y plazos claramente establecidos, incluir a los extranjeros excluidos llevándolos a la legalidad y a la plena integración. Esto permitirá al Estado, no solo beneficiar a miles de seres humanos que aportan al país honradamente, sino también ordenar la casa en materia migratoria mejorando la seguridad pública y haciendo visible parte de la "economía sumergida".
El proceso de regularización e integración gradual de los indocumentados debe ser simple y lo menos costoso posible, a fin de hacerlo atractivo y exitoso. Igualmente, se debe coordinar con los consulados a fin de que proporcionen los documentos necesarios para corroborar su identificación, nacionalidad y antecedentes, y para que coadyuven en la promoción del proceso de regularización. Organismos internacionales pueden dar apoyo técnico y económico para crear programas y proyectos que permitan a los indocumentados, principalmente los que residen en áreas de difícil acceso y cercanas a las fronteras, generar plazas de trabajo e ingresos, de forma que nuestro país no termine asumiendo, unilateralmente, las responsabilidades sociales de otros Estados para con sus ciudadanos.
Un proceso de regularización gradual debe iniciarse con un período de promoción y registro de extranjeros, que permita al Estado panameño contar con la información individual y estadística de los beneficiarios, y anime a estos a solicitar de sus respectivos países el pasaporte, historial policivo y demás documentación. Al recibir un documento provisional de identificación, procede el registro como contribuyente y como cotizante a la seguridad social que tanto lo necesita, previa aprobación de un paréntesis de flexibilización laboral que le permita al extranjero contar con un permiso de trabajo indefinido. El siguiente paso, es la extensión de un permiso provisional de identificación que permitirá el Estado evaluar el comportamiento y grado de integración del extranjero, para llegar al paso final que sería la obtención de su documento de residente permanente y permiso de trabajo indefinido.
La regularización e inclusión progresiva no debe durar más de dos años, pero sí debe excluir a quienes tengan antecedentes penales, a los extranjeros deportados que hayan reingresado al país violando la ley, y quienes no puedan justificar la forma en que se ganan la vida; además se deben contemplar causales de nulidad por falsedad de declaraciones o documentos y comisión de delitos o faltas graves.
Desde todo punto de vista –incluyendo el tema de seguridad pública– considero que la nueva ley migratoria, si establece el marco legal para políticas de inmigración más selectivas, es desde el punto de vista del Estado una decisión soberana y perfectamente válida.
Procede acompañar esta nueva e histórica ley con una medida humanitaria que no solo será beneficiosa para trabajadores extranjeros que, por alguna u otra razón no han podido regularizar su condición migratoria, sino que ciertamente contribuirá a "ordenar nuestra casa" que es Panamá.