Todavía quedan jueces en la Argentina. Hace unos días, la jueza María José Sarmiento le dijo no al gobierno de los Kirchner; algo que parece impensable en la Venezuela de Chávez, en la Nicaragua de Ortega, en la Bolivia de Morales y en el Ecuador de Correa.
La jueza dijo no y ahí comenzó el escándalo con una seguidilla de idas y venidas, dimes y diretes e insultos y acusaciones que generan serios perjuicios para el país y los argentinos, por culpa de los caprichos autoritaristas del matrimonio gobernante: caída en picada de los “papeles” argentinos, aumento del índice riesgo–país y un nuevo embargo contra fondos del Gobierno argentino decretado por un juez neoyorquino en defensa de antiguos acreedores, a quienes Néstor Kirchner en su momento resolvió desconocer por no ajustarse a las condiciones que él pretendía imponerles.
Además: el recrudecimiento de la crisis política y los enfrentamientos que aunque no logran unir a la oposición, sí muestran elocuentemente lo incómodo que les resultan a los Kirchner las instituciones republicanas y su tendencia a imponer una estado policíaco. De hecho, la casa de la jueza Sarmiento pasó a ser vigilada por la policía, en un claro acto de intimidación.
Todo empezó porque los Kirchner pretendieron utilizar una parte (U$S 6 mil 569 millones) de las reservas internacionales que maneja autónomamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el ánimo de mejorar su imagen en los mercados de capitales externos, que está muy desacreditada y que se traduce en intereses muy altos. Los Kirchner, muy propensos al gasto, –con el que garantizan el “apoyo popular” de su grupo de choque “piqueteros”, y logran cambios del “voto” o consiguen el apoyo de más de un congresista o gobernador– necesitan más dinero para hacer frente a este 2010 que se preveía no fácil, algo que ya se ha confirmado en sus primeros 15 días.
Martín Redrado, presidente del BCRA designado por Kirchner hace cinco años, se opuso a la medida por no ajustarse a la normativa legal y además por considerar que existía el riesgo de exponerse ante acreedores que litigan contra el país en el exterior, que fue lo que ocurrió.
Un uso de fondos como el pretendido lo debería resolver el BCRA o el Poder Legislativo, a los que los Kirchner pretendían desconocer.
Pese a ese impedimento legal, la Presidenta igual dispuso la trasferencia de los referidos fondos y simultáneamente le aceptó “la renuncia” a Redrado, –que este no presentó– para luego destituirlo, cosa que no puede hacer el Poder Ejecutivo si no es con la venia del Congreso. Por su lado, Redrado recurrió a la justicia (Sarmiento) y esta revocó las dos medidas de los Kirchner.
Y en eso se está. Los Kirchner, por supuesto, acusan de “golpistas” a todos los que se le oponen o disienten de ellos.
No se sabe en qué va a acabar este nuevo episodio. Cualquiera sea el desenlace, queda claro que cada hecho de este tipo muestra más cerca el fin de los Kirchner. Un hecho que nadie quiere que se de antes de lo que marca la Constitución, pero que muchos sospechan que la alternativa “zelayista” puede ser considerada por el matrimonio, en procura de una salida decorosa. El asunto es avasallar la Constitución para que aparezca el “golpista” que les quite el problema de encima. No importa si es el Congreso o la justicia, Insulza, Chávez, Moratinos, quizás hasta Obama y Lula, si comercial y económicamente le conviene a Brasil, dirán que fue un golpe de Estado.
