Transparencia y códigos de ética

Lina Vega Abad lvega@prensa.com Los seis meses que la Ley 6 del 22 de enero del 2002 concede a las entidades del Estado para aprobar y publicar en la Gaceta Oficial sus códigos de ética, vencen el 22 de julio.

Hasta ahora, solo el Ente Regulador de los Servicios Públicos ha cumplido.

El artículo 27 de la mencionada ley, establece que los códigos de ética, “para el correcto ejercicio de la función pública”, deberán ser aprobados por los tres órganos del Estado, así como por las entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas y gobiernos locales. La norma establece también, que le Defensoría del Pueblo tendrá la función de recopilar los documentos previamente aprobados por cada institución.

La propia institución que aprobó la Ley de Transparencia –el Organo Legislativo– está en mora.

Ya desde la presidencia de Laurentino Cortizo, se hizo un intento que no pasó del primer debate; pero ahora, después de los escándalos por supuestos sobornos de legisladores, Transparencia Internacional (TI) recomendó endurecer las sanciones y aumentar las incompatibilidades al ejercer la función legislativa.

Según Saúl Maloul Zebede de TI, la organización internacional iniciará en septiembre un intenso cabildeo en la Asamblea para lograr la aprobación del documento.

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