Pandemia

El Covid-19 y el derecho internacional

Ante la pandemia del Covid-19, la respuesta de la gran mayoría de los Estados se ha sustentado en la normativa internacional encargada del control de las enfermedades infecciosas. Esta columna ofrece una introducción general a la temática, enfocándose en la evolución histórica y el estatus actual de la normativa aplicable. La cooperación internacional es un elemento fundamental para el control de las enfermedades infecciosas, pues estas últimas no conocen fronteras. Consecuentemente, para que la cooperación internacional sea efectiva debe estar acompañada de un robusto desarrollo normativo. Los primeros pasos en tal sentido se produjeron en Europa. En 1851, se celebró, en París, la Primera Conferencia Sanitaria Internacional. Ésta y otras conferencias sucesivas se enfocaron en bloquear la entrada a Europa de enfermedades provenientes de Asia (la peste bubónica, el cólera y la fiebre amarilla). Es decir, no se buscaba prevenir las enfermedades, sino establecer un cordón sanitario europeo mediante la adopción, por parte de los Estados europeos, de medidas sanitarias específicas y de estándares de cuarentena comunes. Inicialmente, la comunidad internacional buscó proteger el comercio y la economía de los Estados, balanceando las cuestiones sanitarias con las comerciales, sin un enfoque pro hominem. A partir de estos esfuerzos se establecieron obligaciones de notificar los casos de enfermedades infecciosas, el desarrollo de capacidades técnicas y la armonización de las medidas de aislamiento y cuarentena.

También se volvió tendencia favorecer instituciones de carácter permanente, en vez de conferencias periódicas, estableciéndose la Office International d’hygiène publique (1907, París), la Oficina Sanitaria Panamericana (1902, primera organización regional y hoy Organización Panamericana de la Salud) y la Organización para la salud de la Liga de Naciones. En 1946 se estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una estructura universal, vertical y líder en cooperación internacional. Sus funciones normativas, derivadas de su Constitución, involucran a la Asamblea Mundial de la Salud que está facultada para celebrar convenios internacionales, realizar recomendaciones y emitir reglamentos. Esta última es, sin duda alguna, la competencia más importante pues los reglamentos son de carácter vinculante para los Estados miembros conforme a la Constitución de la OMS. Los Reglamentos Sanitarios Internacionales de la OMS (1951, 1969, 1981) se han enfocado en prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.

A partir de su promulgación en 1981, el nuevo Reglamento Sanitario Internacional (RSI) se convirtió en el principal instrumento normativo para el control de enfermedades infecciosas. Sin embargo, éste establecía limitantes significativas a la respuesta internacional mediante una lista de enfermedades cubiertas (el VIH, por ejemplo, no estaba incluido durante los años 80’) y medidas máximas requeridas. Además, carecía de un enfoque en materia de Derechos Humanos, lo cual, aunado al mejoramiento significativo de la salud y la sanidad básicas en las décadas de los 80’ y 90’ y la transmutación de las preocupaciones de los Estados en materia de seguridad, se tradujo en una falta de cumplimiento de las normas sanitarias. Igualmente, la legislación comercial internacional llenó el vacío que había dejado esta falta de cumplimiento, mediante la adopción del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y el Acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, los cuales, en ocasiones, eran hasta inconsistentes con el RSI vigente.

En 1995, la OMS reconoció que debía retomar un rol protagónico y adecuar su Reglamento por lo que inició discusiones para tal fin. En 2005, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el RSI actual, el cual representa un cambio respecto al de 1981. Ya no existe una lista, la OMS responde conforme al evento y al riesgo que implique la enfermedad, independientemente que su origen sea biológico, químico o nuclear. Ahora, cualquier evento que pueda llevar a la propagación de enfermedades infecciosas queda automáticamente bajo la OMS y el RSI. Una de las nuevas facultades es la declaratoria de una “Emergencia sanitaria de preocupación internacional” que consiste en un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. Tal fue el caso de la epidemia de neumonía por coronavirus de Wuhan (2019-2020). El RSI de 2005 cuenta también con un enfoque de Derechos Humanos con especial atención a los viajeros y la protección de los datos personales de las personas convalecientes. Su importancia ha sido reconocida en múltiples ámbitos, incluyendo, los Principios de Siracusa sobre disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la salud pública como razón para limitar ciertos derechos tomando siempre en cuenta las RSI de la OMS.

La normativa internacional para prevenir y combatir enfermedades infecciosas es lo suficientemente robusta para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se necesita también de la cooperación internacional para derrotar de forma efectiva al virus. En un mundo que pareciera rechazar el multilateralismo y la cooperación internacional, ésta no es una mala oportunidad para recordar y reconocer su importancia.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional

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