PROCESO CONTRA MAGISTRADO DE LA CSJ

Día clave para caso Moncada

Día clave para caso Moncada
El fiscal de la causa, Pedro Miguel González, y las juezas de garantías (Izq. a Der.), Ana Matilde Gómez, Katleen Levy y Zulay Rodriguez.

Mañana viernes, 20 de febrero, vence el plazo para que el fiscal designado, Pedro Miguel González, culmine las investigaciones en contra del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna.

Para mañana, según informó la diputada Zulay Rodríguez, una de las juezas de garantías, se espera que el fiscal entregue a la subcomisión de garantías, en sobres sellados, el escrito con los resultados de las investigaciones.

En una fecha posterior las juezas de garantías deberán convocar una audiencia para determinar si admiten o no la acusación de González. Si es admitida, deberán remitir el expediente al pleno de la Comisión de Credenciales, Ética y Asuntos Parlamentarios de la Asamblea Nacional. Si los jueces desestiman los cargos, ordenarán el archivo inmediato de la denuncia (ver Tabla).

En este escrito el fiscal González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), determinará si ha encontrado elementos o no para hacer la acusación formal contra Moncada Luna por los delitos por los cuales se le investiga.

El magistrado separado es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, corrupción de servidores y blanqueo de capitales.

El proceso empezó en octubre del año pasado, tras una denuncia interpuesta por el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, luego de conocerse –a través de una investigación de La Prensa– que Moncada Luna adquirió–desde que accedió al cargo y con un salario de $10 mil mensuales– dos apartamentos en Coco del Mar valorados en $1.7 millón, uno en el PH Ocean Sky y otro en el PH Santorini.

Las dudas sobre la adquisición de estas propiedades surgieron debido a que Moncada durante los cinco años en los que se ha desempeñado como magistrado de la Corte habría devengado, en salarios, $600 mil. A esta cifra habría que descontarle los descuentos formales como impuestos y sus aportes a la Caja de Seguro Social.

Moncada, en diciembre de 2010 declaró bajo juramento que sus únicos bienes eran una camioneta de 2005 y un reloj de oro marca Rolex.

Día clave para caso Moncada
El fiscal de la causa, Pedro Miguel González, y las juezas de garantías (Izq. a Der.), Ana Matilde Gómez, Katleen Levy y Zulay Rodriguez.

‘Hubo blanqueo de capitales’

Las investigaciones llevadas a cabo por González han estado centradas en demostrar que el magistrado ha recibido dinero o bienes a través de representantes legales de empresas que contrataron con el Órgano Judicial.

Moncada Luna, en sus argumentos, ha planteado que uno de los apartamentos, el del PH Santorini, lo adquirió a través de un préstamo por $700 mil que le hizo el empresario Alejandro Pipo Virzi.

No obstante, este argumento contrasta con la versión que Virzi dio en una entrevista con el fiscal. Afirmó que le prestó $1.8 millón al magistrado separado.

La fiscalía también duda de la autenticidad del documento sobre el acuerdo de préstamo entre Virzi y Moncada Luna, que fue entregado por el abogado Sidney Sittón, quien fungía como apoderado legal del magistrado separado.

En las diligencias realizadas ya se han aprehendido provisionalmente más de 14 cuentas bancarias que según el propio fiscal tienen alguna vinculación en las investigaciones seguidas en contra del imputado.

El 29 de noviembre pasado se aprehendió $1 millón a Corporación Luxol, S.A., ligada al proceso de la investigación. Otros $500 mil corresponden a una trasferencia hecha por la sociedad Reyna y Asociados, S.A. a las cuentas de Corporación Cubemu y a Sarelan Corporation, S.A., todas vinculadas al proceso.

A la Corporación Cubemu, S.A. se le transfirieron $125 mil y a Sarelan Corporation, S.A., $400 mil. Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que el empresario Felipe Pipo Virzi es uno de los principales accionistas.

Por coincidencia, la Fiscalía ha cautelado cuentas a otras sociedades con alguna relación con Virzi, entre ellas Summer Venture Inc., la Fundación Ricala y Medipres Investments, S.A.

Aunque el equipo legal de Virzi, encabezado por José María Castillo, ha negado cualquier vínculo de las sociedades con la investigación a Moncada Luna, el fiscal González cree lo contrario.

“Ha quedado claramente demostrada la participación de estas empresas en el hecho investigado de enriquecimiento injustificado agravado y existen señales de que se ha incurrido en el delito de blanqueo de capitales”, sostuvo el perredista en una de las audiencias previamente desarrolladas.

En la más reciente audiencia realizada el pasado 30 de enero, el fiscal informó de la aprehensión de otras dos cuentas bancarias por $500 mil en el banco BAC, a nombre de las sociedades PR Solutions, S.A. y Omega Ingeniering. Esta última empresa, que construye la ciudad judicial en Panamá Oeste, habría recibido un adelanto del pago cuando Moncada Luna era presidente de la CSJ.

Tanto el abogado principal de Moncada, Ramiro Jarvis, como el jurista sustituto, Enrique Domínguez, han negado que las cuentas aprehendidas por González tengan relación con su cliente.

Entre cuentas bancarias, automóviles de lujo y los dos apartamentos relacionados con la investigación, el monto de bienes aprehendidos relacionados con el caso suma ya $4.6 millones.

Esperan escrito de acusación

Para el abogado de Moncada, Enrique Domínguez, en este escrito del fiscal González no esperan ningún resultado favorable a su cliente. “El fiscal ya ha adelantado conceptos, así que esperamos que su posición sea en contra nuestra. Esta es una de las cosas que le están prohibidas a un fiscal, lo más probable es que presentará un escrito de acusación”, sostuvo.

Expresó además que luego de la presentación del documento, interpondrán varios recursos legales, además del proceso de presentación de pruebas y contrapruebas de parte y parte. Se estima que esta parte tomará 20 días.

“Se pueden pedir declaraciones de expertos para que digan si hubo blanqueo de capitales o no, o de un experto en el sistema penal acusatorio para que nos diga si hay nulidades en el caso o no, como en efecto las hay”, precisó.

El jurista manifestó además que cuestionarán el hecho de que acusen a su cliente de supuesto enriquecimiento injustificado sin tener un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. “Eso debió hacerse y no se hizo, esa es una causa de nulidad, el fiscal puede investigar, pero tiene que respetar las normas. Este ha sido un craso error acá y que las juezas tampoco advirtieron”, precisó.

No hay los votos

Al ser consultada sobre la fecha tope de la investigación, la jueza de garantías Zulay Rodríguez explicó que aún queda la posibilidad de un acuerdo entre el fiscal con la defensa de Moncada, tal como lo permite el sistema penal acusatorio, o se va a la imputación de cargos.

De acuerdo con el artículo 220 del Código Procesal Penal, un posible arreglo consistiría en que el imputado acepte los delitos que se endilgan, o parte de ellos, así como la pena que se le impondría.

Rodríguez detalló que si se va a la imputación de cargos, lo cual se tiene que hacer a través de la Comisión de Credenciales, el caso pasaría al pleno.

De ir al pleno el proceso, Rodríguez expresó sus dudas de que existan los 47 votos (dos terceras partes de la Asamblea Nacional) para una eventual condena al imputado.

La Asamblea Nacional actualmente está conformada así: 26 diputados del PRD, 25 de Cambio Democrático, 16 del Partido Panameñista, 2 diputados del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y 1 independiente.

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