MINISTERIO PúBLICO

La Fiscalía Auxiliar analiza documentos

La Fiscalía Auxiliar analiza documentos
El exsecretario del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez está detenido en la cárcel La Gran Joya.


La Fiscalía Auxiliar continuará mañana, lunes, con la revisión de las cajas con documentos ubicadas en la residencia del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez, en las que se ubicó información relacionada con la adquisición de un equipo para escuchas telefónicas durante la administración del presidente Ricardo Martinelli.

Una fuente ligada a la investigación confirmó que el viernes no se pudo concluir el proceso de análisis de la papelería, en la que se ubicó cotizaciones para la compra de las máquinas pinchadoras y ofrecimientos de una empresa israelí sobre estos equipos.

La fuente detalló que en la primera revisión se encontraron documentos relacionados con operaciones de alto perfil ejecutadas por la Policía Nacional, entidad de la que Pérez fue su director.

MÁS ACCIONES

Se tiene previsto que mañana, lunes, se hagan efectivas nuevas querellas por parte de las víctimas afectadas por las escuchas ilegales.

Entre ellas se encuentran la del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides; la del presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, y la del fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez.

Fuentes de la Fiscalía Auxiliar informaron que solo 33 de las 150 víctimas por los pinchazos han comparecido a revisar sus casos.

Además, ese despacho del Ministerio Público ha solicitado datos al Consejo de Seguridad sobre el sistema usado por esa institución para ordenar las interceptaciones y a quiénes eran entregados los informes.

Igualmente, pidió copias de los contratos para la compra de los equipos y un listado del personal que hacía estas tareas. En esta investigación están prófugos Ronny Rodríguez Mendoza y William Pitti Navarro.

La Fiscalía de Cuentas también abrió una investigación por la compra de una de las máquinas pinchadoras a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la cual está desaparecida.

Guido Rodríguez, encargado de la entidad, detalló que solicitó una auditoría del Consejo de Seguridad para determinar el costo y paradero de la máquina.

Dijo que su despacho puede imputar cargos a Pérez y a Alejandro Garuz (el otro exsecretario del Consejo de Seguridad) si se comprueba alguna participación en la compra del equipo.

En tanto, Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo no estar opuesto a que la fiscalía investigue, pero es necesario mayor equidad procesal.

Aseguró que la detención aplicada a su cliente es excesiva, ya que el Código Penal establece penas de 2 a 4 años por este delito.

Mientras que Cristóbal Arboleda, defensa legal de Garuz, planteó que esto es un proceso manejado a través de los medios de comunicación, en el que se ha presionado a las autoridades para mantener la detención de los implicados.