Siguen diligencias por comida deshidratada

Siguen diligencias por comida deshidratada
Ricardo Martinelli

Las diligencias para vincular al expresidente Ricardo Martinelli con supuestas irregularidades en los contratos para la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) no se detienen.

La semana pasada, el magistrado fiscal Oydén Ortega practicó inspecciones en el Registro Público y las oficinas del PAN en busca de indicios contra el exmandatario.

Ahora, Ortega y su equipo de asistentes revisarán el contrato suscrito entre la empresa Lerkshore International y el PAN.

Al menos 24 cajas con documentos inherentes a los contratos otorgados por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el pasado gobierno para la compraventa de comida deshidratada, por unos $60 millones, revisa el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Oydén Ortega, que funge como fiscal en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas anomalías en dichas contrataciones.

Fuentes ligadas a las pesquisas confirmaron que los documentos fueron revisados entre jueves y viernes de la semana pasada en la sede del PAN y luego trasladados al Palacio de Justicia, para un cotejo más exhaustivo.

Entre los papeles figuran los relacionados con los contratos adjudicados a la empresa Lerkshore International Limited, del empresario Rubén De Ycaza, también investigado por las supuestas irregularidades, aunque en el proceso que sigue el Ministerio Público.

Según las fuentes, la revisión de los documentos guarda relación con lo declarado por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli –también procesado por este caso–, en cuanto a que fue Martinelli quien le ordenó adjudicar los contratos a la empresa de De Ycaza.

Ortega también analiza documentos recopilados en una inspección ocular efectuada la semana pasada en el Registro Público, relacionados con bienes propiedad de Martinelli y con las sociedades anónimas en las que este ha figurado y figura.

La defensa de Martinelli pidió al Ministerio Público y al Órgano Judicial una certificación del estatus de los funcionarios que realizaron ambas inspecciones, pues afirma que la ley no le permite a Ortega apoyarse en funcionarios que no estén activos en esas dependencias.

Asimismo, solicitó dos audiencias de control al juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía, para ventilar supuestas irregularidades cometidas en el proceso.

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