Sábado picante

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Esta semana leí un artículo del colega Leonardo Grinspan, de Radio Panamá. Hablaba de un proyecto de ley presentado por cuatro diputados del PRD (Javier Sucre, Eugenio Bernal, Daniel Ramos y Ricardo Santos). La iniciativa pretende modificar la Ley de Descentralización. Son 46 artículos, pero me centraré en su artículo 2, el de la plata. Para entender su alcance, hay que considerar que la Ley de Descentralización permite que alcaldes y representantes de corregimiento reciban fondos del Impuesto del Bien Inmueble (IBI). Para tal fin, en tres años y medio –entre 2016 y principios de 2019– se desembolsaron $764 millones.

Según uno de los proponentes del proyecto –Javier Sucre–, ese dinero es insuficiente: “Entre las consecuencias de las reformas hechas con la Ley 66 a la Ley 37, podemos observar que se produjeron efectos nefastos, por una parte, condicionaron y limitaron los ingresos para desarrollar el proceso de descentralización y, por la otra, castraron la posibilidad de impulsar el desarrollo económico local integral sostenible de los distritos”.

En consecuencia, la modificación que impulsan estos señores –y que seguramente respaldará la mayoría de sus colegas– es “hacer eficaz la transferencia de los fondos de lo recaudado del impuesto de bien inmueble y del 6% de los ingresos corrientes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, hacia los municipios”. Así lo dice el artículo 2 del proyecto de ley, lo cual significa que ampliarían la base de sus ingresos al sumar lo que ya reciben del IBI más el 6% de los ingresos corrientes del Gobierno… y eso no es poca plata.

La Ley de Presupuesto de 2019 contemplaba ingresos corrientes en el Gobierno Central de unos $15 mil millones, mientras que en 2020, poco más de $14 mil millones. El 6% de los ingresos corrientes en 2019 habría sumado $904 millones, y los de este año, $860 millones. De haber sido ley, la sola asignación de un año de los ingresos corrientes habría superado toda la asignación de 3 años y medio de los aportes del IBI.

Si se aprobara el proyecto como está, el criterio contemplado para repartir los dos componentes del botín sería: 70% para las juntas comunales y 30% para las alcaldías. Tal cantidad de dinero para las juntas comunales explicaría por qué ha proliferado la fiebre pandémica de crear nuevos corregimientos. Y, dicha sea la verdad, una ínfima cantidad de panameños siente que la descentralización ha mejorado su entorno o su situación personal, salvo a los de siempre: políticos y pseudo empresarios. Ese 6% de los ingresos corrientes saldrá de los presupuestos de entidades como los ministerios, por lo que dispondrán de menos dinero.

Dudo que despidan funcionarios, así que apuesto a que disminuirán las inversiones. Creo que este proyecto es el retrato del oportunismo. ¿Creen que nos comeremos el cuento de satisfacer las necesidades de la gente? Imagino la bribona sonrisa que provoca fantasear con tener las manos metidas en un pastel de más de mil millones al año.

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