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JUDICIAL AFFAIRS

Calls made for Ayú Prado to step down from Financial Pacific case

Temas:

The fact that Supreme Court Chief Justice José Ayú Prado will be the judge of guarantees in the Financial Pacific (FP) case that is linked to former President Ricardo Martinelli has raised some concerns in sectors of civil society.

Mayté Pellegrini, who also faces charges in this case, yesterday reiterated her complaint that Ayú Prado, when he was the attorney general, sought to prevent Martinelli from being linked to this case.

The complaint before the court relates to a file submitted by the Superintendency of Securities that detailed the possible commission of financial crimes through accounts that Martinelli had at FP.  It highlighted irregularities in the use of insider information for the sale of shares of Petaquilla Minerals.

Those facts came to light in 2012 when Pellegrini, a former FP employee, was jailed on embezzlement charges. In a statement to prosecutors, she said Martinelli had an account at the brokerage house called High Spirit that was used to trade shares of the Canadian mining company that had operations in Panama.

She later retracted that statement, but in July 2013 stated that she did so at the urging of Ayú Prado, the then-attorney general who was appointed by Martinelli. She said that Ayú Prado had promised her she would be freed if she retracted her statement.

A letter has also surfaced from Martinelli to the attorney general explaining that, although he had an account at FP, it should not be investigated due to the political implications. At the end of 2012, after Pellegrini had retracted her statement, Martinelli appointed Ayú Prado to the Supreme Court.

Annette Planells, of the Independent Movement, said that Ayú Prado cannot be objective in this case.

"He must step down so that we can have confidence that both the investigation and trial are done correctly," Planells stressed.

National Bar Association President José Alberto Álvarez said that such situations call for a judge to step away from cases.

"It would be prudent in this case due to the statements of Pellegrini," he argued.

Former Comptroller Alvin Weeden said that if Ayú Prado doesn't recuse himself, "the public will have serious doubts about this case."

Fiscal apela y pide investigar a Salomón Shamah

La actuación de Ignacio Fábrega puso en riesgo al mercado de valores de Panamá, por la pérdida de confianza en el desarrollo de sus funciones. Así lo manifestó la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, en el escrito de apelación que presentó en el Juzgado Primero Penal, en donde pidió aumentar de cinco a ocho años la condena de prisión aplicada a Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

El 3 de septiembre pasado, el juez Rolando Quesada Vallespi condenó a Fábrega por corrupción de funcionarios tras comprobarse que dio información confidencial a Financial Pacific (FP), cuando esta era investigada por la SMV.

Moore, la abogada Hilda Bonilla, defensora de Fábrega, y el jurista Jair Urriola, en representación de la SMV, anunciaron la apelación. En su escrito, al que este medio tuvo acceso, la fiscal argumentó que el juez no expuso las motivaciones jurídicas (sustento) para aplicar discrecionalmente la condena de seis años. Cuestiona que no se tomó en cuenta la magnitud de la lesión y la voluntad del daño que cometió Fábrega. Consideró que Fábrega evadió el proceso penal (estuvo más de cuatro meses prófugo) y no rindió indagatoria, lo que trajo como consecuencia que no comparecieran otras personas al expediente. En el juicio, celebrado el 25 de agosto pasado, la fiscal pidió la pena máxima de ocho años.

Ese día, Fábrega habló durante unos 20 minutos. Reveló que el expresidente Ricardo Martinelli y el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah le pidieron que evitase la intervención de FP y que el entonces jefe de la SMV Juan Manuel Martans conocía de todas sus actuaciones. Quesada Vallespi ordenó compulsar (enviar) copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Martinelli. Pero negó el envío de copias para investigar a Shamah y Martans porque debían ser investigados en el mismo expediente de Fábrega, pero ese sumario ya se concluyó. “Los involucrados son ciudadanos comunes y por un solo hecho no pueden ser investigados en procesos aparte”, expresó. Por esa razón, en la apelación, Moore pidió que se envíe la compulsa de copias para que se investiguen a todos los que fueron mencionados por Fábrega. “No puede ser posible que a pesar de la gravedad de los señalamientos hechos por Fábrega, la comunidad en general quede sin respuesta, máxime cuando se trataba de circunstancias totalmente desconocidas que deben ser esclarecidas”, señaló.

En una carta que Mayté Pellegrini, exempleada de FP, redactó cuando estaba en la cárcel, aseguró que no había sido puesta en libertad porque “debía pagar un millón de dólares a [Salomón] Salo Shamah, cosa que no hice”. “Es totalmente falso que haya intervenido”, dijo Shamah en su momento. Shamah también fue visto con West Valdés, directivo de FP, en los días en que estalló el escándalo. En la noche del 8 de enero de 2013, entregó un sobre a Valdés en el hotel Bristol.

Mientras que Bonilla coincidió con Moore en pedir que se compulsen copias para investigar a todos los señalados. “No valoró los motivos determinantes que obligaron al señor Ignacio Fábrega como lo fue que recibió instrucciones directas del entonces presidente Martinelli, para que la situación de FP se manejara con discreción y que ayudara a la empresa en lo que pudiese”, agregó. Solicitó una rebaja de la pena aplicada a su cliente alegando en que dio una declaración (en el juicio) en la que vinculó a otras personas. Además, dijo, nunca pudo evitar la intervención de FP, no tiene antecedentes penales y es un hombre de 69 años, hipertenso. Fábrega está detenido mientras se le da trámite a la apelación de su condena.

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