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JUDICIAL AFFAIRS

R.G. Hotels meeting seeks to unify creditors

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About 70 creditors of the bankrupt developer R.G. Hotels attended a meeting last week organized by a bondholder who wants to unify the group to provide a unified front.

The meeting was announced in a small advertisement that was published anonymously in La Prensa. It said it was for all the bondholders of the bankrupt company, which owes an estimated $30 million, and said it would be held from 6 p.m. to 8 p.m. Thursday in a Panama City hotel.

About 70 people came hoping to hear news about the chances of recovering the tens of millions of dollars that are owed to them.

This was the first meeting that was called this year for the creditors.

The person who called the meeting was one of the creditors, who discussed what a financial catastrophe the firm's finances had turned into and the importance of unifying so that they could be repaid.

Several creditors were in favor of the initiative. They talked about making a list and forming committees to work on various initiatives. These included pressuring the Superintendency of Securities, which, in his view, has shown indifference in the case. He also recommended a committee be formed to focus on discussing the case in the media.

But the meeting soon devolved into chaos as some of the creditors, some of whom have invested a considerable amount of their savings into projects promoted by the developer, began to get emotional. There were also disagreements over which entities should be held accountable and strategies for recovering assets.

Some participants said they came out of the meeting with more concerns than they had going into it.

El alcance de una quiebra

La declaratoria retroactiva de la quiebra abarca un lapso de tres años. En el caso de R.G. Hotels, hasta el 31 de julio de 2012. El Código de Comercio permite la retroactividad de la quiebra en un período máximo de cuatro años y autoriza al juez a examinar los hechos y los estados financieros de una empresa o de una persona, según corresponda, para determinar la época de su insolvencia. O sea, en cesación de pagos.

A partir de entonces, se inicia la liquidación de acreencias. La lista de acreedores de R.G. Hotels está integrada por trabajadores, autoridades estatales, tenedores de bonos y valores comerciales negociables, compradores de villas y apartamentos ofrecidos por esa empresa, titulares de paquetes vacacionales y demás proveedores de servicios propios de la industria del turismo. Las deudas sumarían más de $70 millones.

Que la quiebra decretada tenga la capacidad de retrotraerse hasta el 31 de julio de 2012, significa que el juez puede hacer nulos o anular aquellas actuaciones fraudulentas o en perjuicio de los acreedores.

El Código de Comercio en su artículo 1581 dice que son nulas, entre otras actuaciones, las celebradas gratuitamente por el quebrado o la constitución de una prenda o de una hipoteca, o aquellas dirigidas a asegurar créditos contraídos anteriormente.

El artículo 1583 enmarca las situaciones para hacer anulables ciertos actos o contratos bajo dos supuestos. El primero de ellos se refiere a las operaciones producto de una simulación o un fraude.

El segundo corresponde a la venta onerosa de bienes o dados gratuitamente para evitar a los acreedores.

Después de los debidos análisis, el juez a cargo del caso deberá determinar el momento en que la empresa estaba insolvente y si esta condición resulta de un fraude o de una simulación. Solo así podrán deshacerse las garantías.

De lo contrario, la quiebra no repercutirá en las condiciones de ciertas acreencias. Menos aún en aquellas respaldadas con hipotecas u otras garantías como el fideicomiso. Esta figura respalda las dos emisiones de R.G. Hotels.

Esto implica que si la compañía quebró y, sin embargo, adelantó transacciones en perjuicio de acreedores, entonces se desarticularán las garantías. Solo de esta manera podrán exigir el pago de las obligaciones en su favor, sin que haya preferencia de beneficiados.

La revisión de todas las transacciones es un principio sano. Ahora, tampoco es que puedan correr y exigir que se deshaga el fideicomiso constituido como una garantía para los inversionistas que compraron valores de buena fe.

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