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JUDICIAL AFFAIRS

Former PAN director implicates others in helicopter rental irregularities

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Former National Assistance Program (PAN) Director Rafael Guardia Jaén has implicated at least 10 former officials of the government of Ricardo Martinelli in connection with irregularities surrounding the rental of helicopters.

Guardia Jaén made the statements implicating the officials to the second anti-corruption prosecutor investigating the illegal hiring of such flights.

They included former ministers Guillermo Ferrufino (Social Development), Javier Diaz (Health), Oscar Osorio (Agricultural Development), Lucy Molinar (Education), Jaime Ford, (Public Works) and Roberto Henriquez (Presidency).

Also implicated were officials from the transit agency ATTT, the National Institute of Culture and environmental authority Anam.

According to investigations, the rental of helicopters was requested by the former officials between 2013 and 2014.

According to Guardia Jaén, the ministers used funds from PAN to hire the helicopters from four companies, Love Aviation Inc., Cabin Corp., Heli Fly Panamá S.A. y Aviones y Partes.com Panamá S.A.

His lawyer, Víctor Orobio, indicated that the former officials need to explain their relationships with these companies and clarify their involvement.

"Rafael Guardia said that he could do practically nothing," he said, clarifying that the service was requested through a third party and PAN only received the bills. 

The prices averages $3,000 an hour, despite the fact that the market rate was $1,800 an hour.

After eight and a half hours of questioning, the former director was returned to La Gran Joya Prison, where he has been detained since November 2014. He has been linked to bank accounts holding approximately $18 million and faces corruption charges.

Pérez y Garuz seguirán presos en La Gran Joya

El pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió ayer los dos recursos de hábeas corpus interpuestos por los abogados de los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, acusados y detenidos por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, debido a las interceptaciones telefónicas efectuadas a por lo menos 150 personas durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

El fallo, con fecha del 6 de este mes, fue resuelto y firmado ayer, y declara legal la detención tanto de Pérez como de Garuz, que están presos en el centro penitenciario la Gran Joya. 

La defensa de ambos sindicados presentó los recursos con el argumento de que por el delito que se les imputa no cabe la medida de detención preventiva.

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