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JUDICIAL AFFAIRS

Noriega ruling generates controversy

The decision was made Saturday in Chiriquí.

‘Que se opere, pero que regrese a la cárcel’

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Sandra Noriega outside the hearing yesterday in Chiriquí. Sandra Noriega outside the hearing yesterday in Chiriquí.
Sandra Noriega outside the hearing yesterday in Chiriquí. Luis García

Punctually at 2:30 p.m., Third Judicial District of Chiriquí Judge Katherine Pittí de Molina opened the hearing Saturday requested by the defense of the former dictator Manuel Antonio Noriega to be granted house arrest to receive medical care.

Noriega is serving a 20-year sentence for the murder of Dr. Hugo Spadafora Franco in September 1985. Top prosecutor Idalys Sánchez de Olmos acted for the Public Prosecutor's Office, while the victim's next of kin were absent.

The room was divided, to the side were former members of the Civil Crusade in Chiriquí that fought Noriega, on the other side was Sandra Noriega, daughter of the former dictator, and other relatives who accompanied her.

The Judicial Office of the accusatory criminal system reported that Rita and Alida Spadafora, the victim's sisters, were notified of the hearing, but reported that due to their mother's delicate health status they could not attend.

Aura Ureta Sittón and Maricsa Nelson arrived in a taxi and before beginning the hearing they made it clear that they were attending to support the Spadafora family and to oppose the house arrest of Noriega.

Ureta Sittón said that Noriega ordered the destruction of their house. Nelson stated that the Spadafora family is not alone. They opposed the measure, because Noriega has not told the whole truth about his crimes or where the head of Hugo Spadafora, whose body was found on September 14, 1985 on the La Vaquita river in Costa Rica, was disposed of.

SETTING

Noriega was sentenced in October 1993 by the High Court of the Third Judicial District of Chiriquí to 20 years in prison for Spadafora's murder, along with Francisco Eliécer Bonilla (aka Bruce Lee) and Julio César Miranda (aka Muñecón).

This judgment was confirmed in December 1995 by a ruling of the Criminal Chamber of the Supreme Court.

In that ruling the Public Ministry argued against the appeal that the crime was a plan developed and executed by the Defense Forces in charge of Noriega.

At that time, the ruling of the Chamber ruled "the concern for the figure of Hugo Spadafora within the Defense Forces is evident when during the hearing, the witness Manuel Gerardo Sánchez Mora, affirmed under oath that in his condition as commander of the Battalion Lightning in Murciélago, in Costa Rica, was approached approximately three months before the homicide, by the military attache of Panama to that country, with money in exchange for information about Hugo Spadafora, because someone was interested in him, alive or dead."

NORIEGA BEFORE THE JUDGE

After several decades, the trial for Spadafora's homicide returned to court. Because the new accusatory criminal system (SPA) rules that for all sentences, whether by the inquisitive system or the new SPA, all measures or situations that have to do with the prisoner must be reviewed by the Court of Compliance.

The compliance judge, after explaining the scope of the jurisdiction, opened the period of presentation of evidence to the defense of Noriega. His lawyer Ezra Angel presented legal medical reports, as well as the opinions of private doctors and Santo Tomás Hospital to support the health condition of his client.

Ángel included among his reports one on El Renacer Prison, where Noriega is being held, in which there is evidence of poisonous snakes roaming around his cell, as well as the fact that the prison lacks specialized custodians to deal with his health issues.

He alleged that Noriega needs to be outside the prison prior to surgery to "oxygenate" his lungs.

The lawyer also asked the judge to have the house arrest permanently granted.

That request was declined and the judge ruled that he would have to file another request in April. 

‘Que se opere, pero que regrese a la cárcel’

Tras la medida de depósito domiciliario temporal otorgada ayer al exdictador Manuel Antonio Noriega, Carmenza Spadafora, una de las hermanas de Hugo Spadafora, aseguró a La Prensa que no está en contra del derecho que tiene de operarse. No obstante, aseguró que después de su operación debe regresar a la cárcel. “Estoy de acuerdo con que lo preparen para su operación como una persona se merece; por eso, no me he opuesto. Yo creo que debe operarse; se le debe dar esa oportunidad que él no le dio a otros para poder vivir”. Agregó que “Noriega debe regresar a la cárcel, porque hay muchos presos, no solo que tienen la edad de él, sino que pueden estar más enfermos que él y que porque no tienen dinero para pagar unos abogados, como sí lo tiene él, dinero robado a nuestro país, no pueden alegar ante un juez todas esas cosas de las que él se ha aprovechado”. Dijo que si al militar lo “dejan fuera, entonces, por favor, que abran las puertas de las celdas a todos los otros presos que tienen su misma edad o que tienen cualquier problema médico importante, que los hay y muchos, pero son humildes y este, que robó más, mató más, no puede, no debe y no debemos como país permitir que tenga más privilegios que el pueblo. Él no nos ha devuelto ni un centavo de lo que se robó, ni nos ha dicho nada de todos nuestros muertos. ¿Qué ha hecho para merecer más privilegios que panameños humildes que están ahí hacinados?”. Por su parte, Petra Palacio, viuda de Ismael Ortega, uno de los 11 oficiales fusilados en la llamada masacre de Albrook, manifestó que ya perdonó a Noriega. “Él puede irse a operar, pero debe terminar en la cárcel. Lamentablemente, lo están buscando es mandarlo para su casa. Pura pantomima”. Para la exlegisladora y esposa del exvicepresidente de la República Ricardo Arias Calderón, Teresita Yániz de Arias, “si la decisión se ha tomado en base a la operación que se le debe hacer por su condición de salud y dejando claro que deberá volver a terminar su condena, me parece que no solo es un acto leal, sino de humanidad”. Señaló que “todos los seres humanos, aun cuando hayan hecho mal, tienen el derecho a que se les respete. Se está respetando su dignidad de persona a pesar de todo el daño que ha hecho”.
Igual opinión emitió Aurelio Barría, exmiembro de la Cruzada Civilista, quien indicó que Noriega tiene todo el derecho, como privado de libertad, a operarse. Sin embargo, opina que una vez terminada la cirugía debe retornar si así lo determinan los médicos. Agregó que el caso Noriega no debe desviar la atención del país de los procesos que se están llevando en el Ministerio Público sobre Odebrecht. “Noriega ya no es un factor de la vida política del país; él no es más importante que la información que debemos recibir sobre los casos de corrupción y coimas del tema Odebrecht, en donde se señalan a panameños...”.

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