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JUDICIAL AFFAIRS

Concerns raised about state of judicial system

The National Bar Association has said it is at the "point of collapse."

Traducen al inglés orden de arresto contra Martinelli

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Groups from across the country have called for changes in the judiciary due to the current crisis it faces.

Carlos Fernández, president of the Chamber of Commerce, said that something must be done to address "the conflicts that have arisen in the Supreme Court."

He made that statement in reference to the the dispute between Justice Harry Díaz and members of the court's administration. Fernández said this dispute has "failed to regain the trust of citizens in the political class."

Ricardo Sotelo, president of the Union of Industrialists of Panama, said that "it is deplorable that public attention is focused on events that should have never occurred."

Elisa Suárez, of the National Council of Private Enterprise, said that "the breakdown of institutions is evident," and urged citizens to be more demanding for an explanation about what is happening.

José. A. Álvarez, president of the National Bar Association, asked President Juan Carlos Varela to "take a step forward in reaching a solution to the crisis of Justice."

The dispute has focused on allegations by Díaz that former President Ricardo Martinelli sought to influence the selection of the court's administration. There are also concerns that have been raised with the selection of the current administration.

Traducen al inglés orden de arresto contra Martinelli

El magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías en el proceso que le sigue la Corte Suprema Justicia (CSJ) al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos, ordenó la traducción de más de mil páginas de este expediente para gestionar en Estados Unidos (EU) la detención provisional del exmandatario.

En una nota enviada ayer a las víctimas de la interceptación de comunicaciones, Mejía afirma que se traduce el escrito de acusación, los elementos de convicción del caso, y los antecedentes de la investigación presentados por el fiscal del caso Harry Díaz. Mejía sostiene que la traducción de dicha documentación es “indispensable” para dar cumplimiento a la orden de detención emitida por el pleno de la Corte el pasado 21 de diciembre de 2015.

Sin este paso, dijo Mejía, las autoridades de EU no harán ningún trámite. Además, señala que los requisitos legales y jurisprudenciales de ese país son distintos a los de Panamá, por lo que se debe asegurar el cumplimiento de las exigencias que deben satisfacerse y que no se perjudique la tramitación de la solicitud.

Balbina Herrera, quien junto con un grupo de víctimas del espionaje perpetrado en el gobierno de Martinelli acudió ayer al palacio Gil Ponce, manifestó que la respuesta de Mejía es insuficiente. “El tiempo pasa y el único beneficiado con la lentitud con que se maneja el proceso es Ricardo Martinelli”, afirmó. Consideró “extraño” que a casi un mes de que se ordenara la detención provisional del exmandatario “no se ha hecho ni un solo trámite para cumplir con esa orden”.

Mitchell Doens, otro de los querellantes, opinó que con la crisis que se vive en la Corte, los casos presentados contra Martinelli corren el riesgo de estancarse. Aseguró que si esta investigación no avanza, las demás (al menos otras 10) tampoco progresarán. En ese expediente se investiga a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

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