JUSTICIA AL BANQUILLO

Mejía, en la mira de la Asamblea

Juristas advierten de que se estaría allanando el camino para separar al magistrado de la CSJ Jerónimo Mejía. Dicen que el juicio sería político.
CARGO. Jerónimo Mejía (Izq.) junto Harley Mitchell, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA/Archivo CARGO. Jerónimo Mejía (Izq.) junto Harley Mitchell, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA/Archivo
CARGO. Jerónimo Mejía (Izq.) junto Harley Mitchell, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA/Archivo

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional atenderá la denuncia interpuesta contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía, tan pronto culmine el proceso que se le sigue a la defensora del Pueblo, Patria Portugal, informó ayer el presidente de esta instancia legislativa, el diputado Mario Miller.

Al ser consultado sobre las supuestas intenciones del partido oficialista Cambio Democrático (CD) de remover a Mejía del cargo, Miller indicó que “nosotros no perseguimos a nadie, a los expedientes se les va dando trámite conforme la gravedad o la necesidad que tiene la sociedad para que las cosas se den en los términos o los tiempos de la comisión”.

LA DEMANDA

El pasado 20 de junio, el abogado Antonio Guerrero interpuso una denuncia penal contra Mejía [magistrado de la Sala Segunda de lo Penal], en la Asamblea Nacional, por supuesto abuso de autoridad y apología del delito.

Guerrero fundamenta su denuncia en afirmaciones hechas por Mejía en la audiencia seguida a la magistrada suspendida de Los Santos y Herrera Karen Benítez (señalada por llevarse expedientes de su despacho para su casa), en relación a que esta ha sido una práctica de varios “jueces y funcionarios que sacan los expedientes para adelantar trabajo”.

“Cualquier tema o caso puede estudiarse, desde los expedientes contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta denuncias contra el Presidente de la República. No hay nada ni nadie que esté apuntando los cañones contra Mejía ni contra nadie. Yo no tengo apuro de hacer nada que contravenga la ley ni pongo términos a las cosas”, expresó Miller.

´Un proceso conocido´

Pese a las declaraciones de Miller, desde la oposición hay otra lectura del tema. El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames reveló que el proceso contra Mejía es conocido por sus colegas desde hace algunas semanas, no obstante, advirtió de que “es peligroso que se dé en medio de un gobierno concentrador de poder como el que tenemos”.

Precisó que en estos momentos el gobierno tiene una mayoría de magistrados en la Corte (cinco de nueve), pero ante una posible remoción de Mejía podría tener una mayoría absoluta. “Así siempre hay que tener el gran temor de que no se propicien situaciones que violenten la institucionalidad democrática del país”, indicó.

Por su parte, el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela dijo que su colectivo se opondrá a que la Asamblea en un período electoral vaya a tratar de juzgar a un magistrado de la Corte.

“Viendo la denuncia contra Mejía, eso no tiene ni pies ni cabeza, así que cualquier movida política va a tener que ser bien analizada por la bancada de Cambio Democrático, porque al final puede haber una reacción del pueblo panameño en contra de que se esté jugando con la institucionalidad del país”, señaló Varela.

´Ribetes políticos´

Pero abogados consideran que la denuncia presentada contra Mejía tiene ribetes políticos.

El exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Gerardo Solís manifestó que esta denuncia es una medida de presión política para algo que deben estar buscando a lo interno de la Corte.

“Puede que Ricardo Martinelli esté buscando asegurar una decisión rápida para su reelección. Que la Corte pueda resolver rápidamente algún recurso que le permite reelegirse y necesita magistrados que le firmen rápido la decisión. Eso es lo que puede estar buscando, porque tanto gasto en propaganda promoviendo la figura de Ricardo Martinelli con Mimito [José Domingo Arias, candidato presidencial oficialista] escondido, pone la atención sobre Martinelli”, consideró Solís.

El exmagistrado del TE dijo que con esta acción se manda un mensaje a los magistrados que no tienen méritos para estar en la Corte Suprema, y están rebeldes. “Buscan ponerle presión a algún magistrado para que renuncie”, afirmó.

No obstante, Solís dice que es difícil que ese plan se concrete porque para separar a Mejía de su cargo se requieren dos terceras partes de los votos de la Asamblea (47 votos) y no cree que la oposición se “preste para eso”.

De la misma forma opinó el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez, quien expresó que con estas acciones se quiere mantener un estado de zozobra e inestabilidad a lo interno de la Corte Suprema de Justicia.

“Un funcionario del Órgano Judicial independientemente de que tiene algunas restricciones en cuanto a expresión de opiniones, cuando son expresiones de carácter general o que se refieren a su apreciación sobre cómo deben funcionar los diferentes órganos del Estado, jamas deben constituir una falta y menos un delito”, afirmó.

El jurista consideró que esta denuncia carece de todo fundamento legal, porque una opinión de carácter general jamás puede constituir una falta o un delito.

Agregó que con este tipo de acciones lo que se pretende es mantener una especie de espada de Damocles sobre altos funcionarios del Órgano Judicial.

Entre tanto, el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz destacó que “no hay la menor duda de que hay una intención política” detrás de la denuncia contra Mejía.

Manifestó que no se explica cómo la Asamblea va a empezar a conocer de una denuncia contra un magistrado de la Corte recién presentada, cuando hay tantas que han sido interpuestas en los últimos 20 años y aún no se resuelven.

“¿Por qué le dan prioridad a esta [denuncia] y no a otras que están en la Asamblea? Ya eso de salida me dice mucho en cuanto al interés político que puede haber por el simple hecho de que Mejía ha demostrado ser un magistrado independiente, muy conocedor de la materia penal, y porque fue nombrado por el expresidente Martín Torrijos”, aseveró Cruz.

Indicó que sumado a estos hechos el interés por dar curso a un proceso contra Mejía, probablemente estaría influenciado por la intención del presidente Martinelli de contar con una mayoría segura de magistrados en la Corte.

“Él [Martinelli] ahora mismo no tiene una mayoría segura. Si bien él ha nombrado a cinco magistrados, se especula que no siempre tiene los votos de los cinco y pareciera que quiera contar con seis magistrados para asegurar una mayoría de cinco”, señaló.

Bajo estos elementos de juicio, según Cruz, no queda la menor duda de que se trata de un interés político.

Fallos de Mejía

La gestión de Mejía en la Corte ha estado marcada por varios hechos. Por ejemplo en enero de 2010, cuando el pleno de la Corte Suprema por mayoría de votos aprobó suspender del cargo a la entonces procuradora de la Nación Ana Matilde Gómez, Mejía al igual que los magistrados Víctor Benavides, Harley Mitchell, y Oydén Ortega salvó su voto.

Mientras que en enero de 2013 el pleno de esa instancia rechazó una querella presentada en 2012 por el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, contra los diputados Adolfo Valderrama, del Partido Panameñista, y Armando Guerra (suplente de Jorge Rosas) del Molirena.

La acción, en la que Gálvez acusó a sus colegas de dañar dos micrófonos en el pleno cuando se discutía el proyecto de reformas electorales, el 12 de septiembre de 2012, fue asignada al magistrado Mejía.

Meses después, en mayo de 2013, Mejía se sumó a los magistrados Mitchell y Ortega en la decisión de no avalar el fallo del pleno de la Corte que rechazó un amparo de garantías constitucionales interpuesto contra el uso del pele police, la aprehensión de personas y requisa de automóviles en retenes policiales.

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