concluye audiencia

Tribunal se acoge a 30 días para fallo por envenenamiento

Al menos 170 víctimas y más de 8 mil personas afectadas se reportaron en el Ministerio Público por el envenenamiento masivo con dietilenglicol.

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Familiares de las víctimas y afectados por el consumo del jarabe envenenado con dietilenglicol se mantuvieron alertas durante los 13 días de audiencia. Familiares de las víctimas y afectados por el consumo del jarabe envenenado con dietilenglicol se mantuvieron  alertas durante los 13 días de audiencia.
Familiares de las víctimas y afectados por el consumo del jarabe envenenado con dietilenglicol se mantuvieron alertas durante los 13 días de audiencia. LA PRENSA/Olmedo Rodríguez Campos

El juicio por el envenenamiento masivo con medicinas contaminadas con dietilenglicol culminó ayer. El Segundo Tribunal Superior Penal se acogió al término de 30 días para dictar sentencia a los 11 imputados.

 

Jornada

Con el pedido de las víctimas de que se dicte condena y la posición de los imputados de que son inocentes, culminó ayer el juicio por envenenamiento masivo con el jarabe contaminado con dietilenglicol que distribuyó la Caja de Seguro Social (CSS) en 2006.

El juicio, que tomó 13 días, concluyó en el Segundo Tribunal Superior Penal con el alegato de Jorge Murgas y Edwin Álvarez, dos de los abogados defensores de los imputados. Ayer, la jornada empezó a las 9:00 a.m. y finalizó a las 11:00 p.m.

Un total de 26 de los 99 abogados querellantes hicieron uso de su derecho a alegato en el proceso.

El magistrado que preside el juicio, Luis Mario Carrasco, y sus colegas Adolfo Mejía y María De Lourdes Estrada, se acogieron al término de 30 días para dictar su veredicto mientras que antes de su decisión deberán resolver varios incidentes que se presentaron durante el juicio.

Los imputados en el caso son: Ángel De La Cruz , Josefa De La Cruz y Teófilo Gateno, directivos de Medicom, S.A. empresa que importó el veneno.

Además, figura el exdirector de la CSS René Luciani y el exdirector de Farmacia y Drogas Pablo Solís y la exjefa del Laboratorio de Medicinas de la CSS Linda Tomás.

También están imputados: Edward Taylor, Ignacio Torres, Miguel Antonio Algandona, Nereida Quintero, y Marta Sánchez.

Esperan condena

Gabriel Pascual, vocero del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, solicitó que el tribunal condene a los imputados a la pena máxima, que es de 11 años de prisión, debido a la “vida que sesgaron a nuestros familiares y a otros que están postrados en una cama y en sillas de rueda por el veneno”.

Indicó que con la audiencia concluyó una etapa de una lucha que llevan desde hace 10 años, cuando se reportaron las primeras muertes por el jarabe contaminado. “Es el momento de la Corte de limpiar cara y dar una nueva imagen de credibilidad y confianza; la única forma de hacerlo es con el castigo y la imposición de la pena máxima para los responsables”, sostuvo.

Indicó que continuarán con su lucha por los afectados con el veneno y esperarán durante estos 30 días que tiene el tribunal para emitir el fallo. De no darse un fallo que satisfaga su clamor de justicia, convocarán a vigilias y cerrarán calles.

Rolando Rodríguez Ch., abogado querellante de varias víctimas, expresó que en la audiencia se demostró la responsabilidad de tipo culposa y no dolosa en todos estos hechos que ocasionaron la muerte de muchas personas y lesiones graves a otras.

Destacó que ambas partes -querellantes y fiscalía- demostraron que hay evidencias para que el tribunal llegue a la conclusión de que se requiere la condena de los imputados.

El fiscal de la causa, César Pereira, indicó que se aportaron pruebas de que se cometió un delito y que las personas responsables de la comisión de este ilícito deben ser sancionadas.

Los 11 imputados son acusados de la supuesta comisión de los delitos contra la salud pública. “La posición del Ministerio Público es firme en solicitar la condena”, reiteró.

Acusados responden

Ángel De la Cruz, imputado en esta investigación, aseguró que los responsables de haber traído el dietilenglicol que envenenó a las personas, están en España y no en Panamá. De La Cruz aparece como dueño de Medicom, S.A., la empresa que entregó a la CSS el dietilenglicol -en vez de glicerina pura de calidad USP- para la elaboración de guayacolato y jarabe expectorantes sin azúcar, entre otros productos medicinales.

Aseguró que los abogados querellantes y el fiscal “mintieron con documentación errada y eso quedó demostrado en el juicio”.

“Lo que pasa es que la fiscalía nunca investigó a fondo y dejaron ir a los verdaderos responsables”, aseguró De La Cruz, quien goza de medida cautelar de impedimento de salida del país.

“Quiero estar en paz y quiero tener tranquilidad (...) yo lo único que espero es que los jueces actúen en derecho como debieron haber hecho desde un principio los fiscales”, expresó. A pocos metros de él, familiares de las víctimas y afectados por el veneno gritaban al unísono: “¡justicia!”.

René Luciani, director de la CSS cuando se fabricó y distribuyó el medicamento envenenado, reconoció que se cometieron algunos errores en la institución, pero aclaró que él no fue el responsable.

Luciani se aferra a un pronunciamiento que hizo la Corte en 2007, el cual revocó su detención preventiva y en el que, a su juicio, lo eximieron de responsabilidades.

Edwin Álvarez, abogado de Teófilo Gateno, representante legal de las empresas que financiaron las operaciones de Medicom, destacó que en la audiencia se informó de manera falsa que su representado había intervenido en la compra de la glicerina que resultó contaminada. “Hemos demostrado con documentos que su incorporación se da cuando la mercancía se encontraba en Panamá y que no tuvo ninguna oportunidad de conocer el análisis del producto, porque la documentación nunca le fue presentada”.

Por su parte, Guillermina McDonald, abogada de Linda Thomas, jefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS cuando se incorporó el dietilenglicol en los jarabes, dijo que espera un fallo en derecho, con base a las pruebas del expediente.

“El problema es que el Ministerio Público no hizo su trabajo correctamente en cuanto a la instrucción sumarial del caso, que era tratar de buscar la verdad”, sostuvo la abogada.

Destacó que “dentro de este proceso lo que se ha demostrado es que no estaban todos los que tenían que estar ni los que estaban allí tenían que estar”.

No obstante, las víctimas no cesan en su grito de justicia para que se resuelva, de una vez por todas, un caso que lleva una década en los tribunales.

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