La juez Katherine Navarrete ha sido cesada del cargo.
En el Órgano Judicial confirmaron que Navarrete ocupaba el cargo de manera interina y que se adoptó la decisión de dar por terminada su relación laboral. No se informaron las razones.
La hasta ahora juez es pareja de Jercovick Joyner, el abogado que está imputado y detenido preventivamente desde la semana pasada como parte de la operación Pandora, que dejó al descubierto una red criminal que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Navarrete se desempeñaba como juez de juicio en el Segundo Circuito Judicial de San Miguelito. Ingresó a la planilla el 17 de enero de 2024, con un salario mensual de $4,118 y gastos de representación por $1,500, lo que totaliza $5,618. Su estatus era de “eventual”, según consta en la planilla del Órgano Judicial.
Según la investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, Joyner, a través de su firma Apriori Abogados y Asesores, tuvo una activa participación en la red que alteró el sistema e-Tax 2.0. para desviar fondos y asignar créditos fiscales a personas y sociedades a quienes no les correspondía.
La fiscalía alega que Joyner recibió transferencias por montos de $6.9 millones, $4 millones, $120 mil y $240 mil entre 2024 y 2025, periodo que coincide con el ingreso de su pareja al Órgano Judicial.
La red depositaba los fondos en cuentas “canasta” a nombre de Bonay International Holding y Bonay Investments Inc. Apriori figura como agente residente de ambas. La presidenta y representante legal de las dos sociedades es Cira Elizabeth Marín, quien también está imputada.
Joyner se encuentra detenido de manera provisional a petición de la fiscalía, quien en su sustentación de medidas cautelares aseguró que el imputado está vinculado a un delito grave, mantiene riesgo de fuga y puede afectar medios de prueba.
En la operación Pandora se imputaron cargos a 16 personas, entre ellas ocho funcionarios de la DGI quienes eran los encargados del manejo del equipo informático e-Tax para la tramitación de los créditos fiscales.
De esa cantidad, 13 personas están detenidas provisionalmente y tres tienen medida cautelar de depósito domiciliario, por supuestos motivos de salud.
