Un juez de Nueva York negó la solicitud presentada por Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos en Brooklyn por conspirar para lavar dinero, para adelantar su audiencia de lectura de sentencia.
El juez Richard Dearie comunicó este miércoles 13 de abril que no era posible adelantar la fecha, dadas las objeciones presentadas por la fiscalía y, además, porque la agenda de la Corte se encuentra ocupada con otros asuntos.
De ese modo, la lectura de sentencia se celebrará en las fechas originalmente anunciadas: la de Ricardo Alberto será el 13 de mayo, a las 11:00 a.m., y la de Luis Enrique será una semana después, el 20 de mayo, a la misma hora.
El pasado 8 de abril, en una nota al juez Dearie, Sean Hecker y James G. McGovern, abogados de Ricardo Alberto y Luis Enrique, respectivamente, solicitaron adelantar la audiencia para la semana del 25 de abril. Incluso ofrecieron que la misma fuera conjunta y por video llamada.
La fiscalía se opuso rotundamente a esa pretensión, enumerado tres razones. La primera es que todavía revisa el manifiesto del gobierno de Panamá para que se le reconozca como “víctima del delito” en la restitución de los $28 millones en sobornos de Odebrecht que fueron blanqueados por los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, a través del sistema financiero estadounidense.
Las otras dos razones tienen que ver con Guatemala: la fiscalía analiza la presunta membresía de Luis Enrique al Parlacen y también las circunstancias del año y cinco meses que los Martinelli Linares permanecieron detenidos en la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala, a la espera de ser extraditados a Nueva York.
Igualmente, la fiscalía avisó que tenía la agenda llena hasta el 6 de mayo, incluyendo un viaje al extranjero.
Los dos hijos de Martinelli Berrocal permanecen en el centro de detención federal de Brooklyn, sin derecho a fianza.
Luis Enrique, de 40 años de edad, y Ricardo Alberto, de 42, se declararon culpables el 2 y el 14 de diciembre de 2021, respectivamente, del cargo de conspiración para lavar $28 millones en sobornos de Odebrecht, para beneficio de un “alto funcionario del gobierno de Panamá”, entre los años 2010 a 2014, cuyo nombre no ha sido dado a conocer por la fiscalía de Nueva York. No obstante, se sabe que aquel alto funcionario, además, es pariente cercano de los Martinelli Linares.
