La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en la sede del Instituto para Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) en busca de documentación que pueda sustentar auxilios económicos a 4,000 estudiantes a nivel nacional.
La diligencia, que se inició a las 9:00 a.m. estuvo encabezada por la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa, que investiga los auxilios económicos otorgados durante la administración del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses (2019-2023).
Los funcionarios de la fiscalía focalizaron la diligencia en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos, ya que ese despacho debe verificar la información aportada por los estudiantes para acceder a los beneficios del Ifarhu.
En la diligencia la fiscalía preguntó a los funcionarios del Ifarhu sobre la mecánica para el otorgamiento de los auxilios económicos y los requisitos para obtener estas facilidades para completar estudios.
Por este caso, la fiscalía ha imputado cargos por peculado a 22 personas, entre ellas el exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses.
Meneses, quien permanece detenido, enfrenta cargos por peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado durante su gestión.
Entre los imputados también figuran un grupo de12 estudiantes de la comarca Ngäbe-Buglé, que recibieron auxilios económicos por $25,000 para culminar carreras que no superan los $400 en la Universidad Tecnológica de Panamá.
Este caso fue declarado causa compleja y se le concedió una extensión de un año para culminar las investigaciones, luego que la fiscal Aizpurúa señala que existen cientos de auxilios económicos por verificar.
Así como conocer que los beneficiarios de esta facilidades realmente culminaron las carreras para las que le fueron asignados por parte del Ifarhu.
La fiscalía también solicitó a la Contraloría General de la República una ampliación de la auditoría entregada en 2025 que arrojó una lesión patrimonial por la suma de $24 millones.
El Ministerio Público también ha solicitado información a entidades educativas en el extranjero en las que algunos beneficiarios de los auxilios recibieron preparación académica. En este caso se busca determinar si los estudiantes realmente culminaron los estudios para los que solicitaron el apoyo económico de esta institución.
La fiscalía también ha tomado declaración a los trabajadores sociales que laboran en el Ifarhu, quienes son los encargados de realizar las evaluaciones económicas de los beneficiarios de estas ayudas, quienes explicaron que para la entrega de los beneficios la última palabra la tenían la comisión evaluadora y el director general.
Entre las anomalías detectadas por la Fiscalía Anticorrupción en el transcurso de la investigación esta el hecho que la Comisión Evaluadora del Ifarhu otorgó auxilios económicos a personas que tenían ingresos mensuales entre $5,000 y $12,000.
También se detectó que algunos beneficiarios de los auxilios económicos presentaron facturas alteradas, ilegibles y duplicadas como sustento de los gastos realizados.
La defensa de Meneses alega que aún la fiscalía no ha logrado establecer que el dinero de su cliente tenga un origen ilícito ni que haya solicitado dinero a cambio del otorgamiento de los auxilios económicos.
También han señalado que la investigación contra su cliente tiene un trasfondo político.
