El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a 15 años de prisión al empresario Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa Lerkshore International Limited, por el delito de peculado en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), destinada a escuelas públicas del país.
A través del edicto N.º 843, fijado en la sede del juzgado y con fecha del 5 de mayo de 2025, se notificó a las partes la decisión, en la que se impone la sanción a De Ycaza como cómplice primario en los delitos de peculado y tráfico de influencias, y como autor del delito contra la salud pública.
En el fallo, con la firma de Agueda Rentería, también se decretó veredicto absolutorio a favor de Jorge Noel García y Cintia del Rosario Quirós, para quienes la fiscalía había solicitado condena.
En el juicio, que se celebró el 19 de febrero de 2024, el Ministerio Público alegó que el contrato por $14 millones entre el PAN y Lerkshore International Limited no cumplió con los requisitos legales, y que la empresa incumplió con la entrega de los alimentos deshidratados.
En esta causa, la fiscalía también presentó cargos contra el exdirector del PAN, Giacomo Tamburelli (q.e.p.d.), por su presunta participación en la aprobación de los contratos.
Según la investigación del Ministerio Público, Lerkshore vendió arroz precocido al PAN a $15.85 por “unidad”, cuando en el mercado local el precio era de $5. Asimismo, la sopa instantánea fue vendida a $26.04 por unidad, pese a tener un valor comercial también de $5.
La investigación se inició en 2015, tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la adquisición de alimentos deshidratados para escuelas oficiales en los corregimientos más pobres del país, revelando una lesión patrimonial de $14 millones.
De acuerdo con el expediente, Lerkshore International —que abasteció de comida deshidratada a escuelas públicas entre 2010 y 2011— no tenía experiencia previa en la fabricación o importación de este tipo de productos.
En este proceso, la fiscalía cauteló varias propiedades de De Ycaza, entre ellas cuatro fincas y dos cuentas bancarias. Dos de las fincas corresponden a apartamentos a nombre de hijos del empresario, quienes mantenían hipotecas con el Balboa Bank & Trust, y en los que De Ycaza figuraba como garante.
Además, el Ministerio Público señaló que, según la auditoría de la Contraloría, el proyecto de comida deshidratada carecía de justificación, pues ya existía un programa de comedores infantiles del Ministerio de Educación en funcionamiento.
La defensa de Ycaza estuvo a cargo de la abogada Gladys Quintero.
