La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) contra la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que permitió la programación del juicio sin la presencia de una serie de testigos brasileños.
En esa ocasión, la juez Baloisa Marquínez estimó que si la defensa requería su presencia en el juicio, debió citarlos y hacer efectiva su presencia en dicho acto.
Con la ponencia del magistrado Carlos Vásquez, el Pleno de la Corte confirmó una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que mantuvo la decisión adoptada en primera instancia por la juez Baloisa Marquínez.
La defensa de Martinelli pretendía contrainterrogar a dichos testigos, algunos de ellos exdirectivos de Odebrecht que aparecen en el expediente y que dieron testimonio, pero que no comparecieron al juicio a pesar de haber sido solicitados por el Ministerio Público a través de una asistencia judicial.
Los abogados de Martinelli alegan que en este caso era necesario repreguntar a esos exdirectivos de Odebrecht con relación a una serie de declaraciones vertidas en el expediente y en las cuales se hacen señalamientos contra su cliente y otros imputados.
La juez Marquínez realizó el juicio sin la comparecencia de estos testigos y durante su celebración varios abogados defensores insistieron en la necesidad de la presencia de estas personas para poder tomarles declaración.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales se encuentra elaborando la sentencia del caso Odebrecht, cuyo juicio a 21 personas comenzó el 12 de enero de 2026 y concluyó el 27 de febrero.
El juicio estuvo marcado por la ausencia de algunos testigos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso de los exdirectivos de la constructora Odebrecht Olivio Rodríguez, André Rabello, Luis Antonio Mameri, Marco de Queiroz Grillo y Ángela Palmeira Ferreira.
La fiscalía tampoco pudo contar con el testimonio de Olmedo Méndez Tribaldos, quien alcanzó un acuerdo de colaboración y pena antes de la celebración del juicio y se había comprometido a someterse al interrogatorio sobre lo declarado ante el Ministerio Público.
Durante el juicio, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo presentó una serie de asistencias judiciales procedentes de Suiza, Estados Unidos y Andorra en las que se consignaban múltiples transacciones entre sociedades ligadas a Odebrecht y varios de los imputados en esa causa.
Tras la conclusión de sus alegatos, la fiscal Morcillo también solicitó a la juez Marquínez rechazar una serie de incidentes de nulidad presentados por abogados defensores, quienes alegaron que este caso debía ser nulo por considerar que la juez no era la competente para conocer ese proceso y que había doble juzgamiento en el caso de otros imputados.
