LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Transparencia es la clave

La relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, dice que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción.

El acceso a la información es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y los Estados están obligados a contestar las solicitudes que estos presenten.

Así lo afirmó ayer Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su intervención en la conferencia “Libertad de expresión y acceso a la información” organizada por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.

Botero también se refirió a la importancia del acceso a la información en los procesos democráticos. “¿Cómo sabemos por quién votamos si no sabemos que el dinero destinado para los sectores menos favorecidos se está invirtiendo de verdad allí?”, expresó.

A la conferencia asistieron, precisamente, los candidatos presidenciales Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático; Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista; y el precandidato presidencial independiente Gerardo Solís. El candidato del oficialista Cambio Democrático, José Domingo Arias, faltó a la cita (ver noticia relacionada).

La relatora especial expresó que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y contra el autoritarismo de los gobernantes.

“Es más difícil ser corrupto cuando todo es transparente”, destacó Botero, quien además reprobó la justificación para solicitar información.

“No hay que preguntarles para que la piden. Si la información es buena, no le van a hacer oposición; si es mala, le van a hacer oposición; y si le hacen oposición, defiéndase. Eso es una democracia”, aseguró.

Según la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, los Estados deben entregar la información solicitada de la forma más sencilla posible. “Tiene que ser oportuna, completa y accesible. Tiene que haber un recurso para cumplir los plazos establecidos. Se puede tener una ley, una norma, pero si no hay un recurso, una garantía que asegure que ese derecho se cumpla, no hay nada”, señaló.

“Todas las autoridades están sometidas al derecho de acceso a la información porque se les paga con la plata de todos” [los ciudadanos], añadió.

Ante una solicitud, argumentó la experta, los Estados no pueden escudarse bajo el pretexto de no tener la información. “El principio de buena fe es que no podemos manipular la ley para violar el espíritu. No nos pueden mandar de ventanilla en ventanilla para impedir el acceso. Hay que hacer las cosas bien”.

Botero citó el caso de Gomes Lund y otros (Guerrilla de Araguaia) contra Brasil, en el que el Estado afirmó no tener la información sobre la desaparición de varios ciudadanos a mediados de la década de 1970.

Sin embargo, en diciembre de 2010, la CIDH determinó que esa no era una respuesta válida y que debían proporcionar la información requerida.

GOBIERNOS Y MEDIOS

La jurista criticó la concentración de medios por miembros de un gobierno.

“Es preocupante cuando los Estados o los gobiernos concentran directa o indirectamente los medios de comunicación. El monopolio, el oligopolio, y el duopolio es malo; [pero] es peor cuando, aparte de que un Estado tiene la posibilidad de controlar las agencias de vigilancia tributaria, las que ponen impuestos, las que fijan los aranceles, las que pueden controlar el papel periódico, las que pueden meter a la gente a la cárcel y pueden poner multas, controlan la información”, dijo.

Botero también explicó que la publicidad estatal es necesaria, siempre y cuando sea para información institucional y se reparta de forma objetiva.

“La publicidad oficial, entendida de manera democrática y no como propaganda oficial, permite saber, por ejemplo, si un Estado saca una licitación para que los ingenieros puedan competir. A veces es necesario que los Estados inviertan en ese tipo de publicidad para informarle a la sociedad, pero deben hacerlo con criterios objetivos. Hay que tener criterios objetivos, claros y transparentes para que no esté castigando a los que me critiquen y premiando a los que me aplauden”, enfatizó la experta.

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD

Para Edison Lanza, director del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, en Uruguay, y quien también intervino en la conferencia, la sociedad civil tiene un papel importante en la aplicación del derecho de acceso a la información.

“En Uruguay, la sociedad civil creó un portal (www.quesabes.org) para hacer solicitudes. Nos han dicho que cómo saben quién hace la consulta, que la persona tiene que ir hasta la ventanilla y presentar cédula. No importa quién ni de dónde se pide la información pública, tiene que fluir por los canales digitales”, dijo Lanza.

El periodista reveló que, desde su creación, este sitio lleva las estadísticas de qué instituciones contestan, sobre qué temas se han hecho solicitudes, y a cuáles se les ha vencido el término de respuesta. “Cuando el Estado niega la información debe explicar cuál es el interés de proteger esa información, y cómo ese interés es más alto que el daño que se le produce a la ciudadanía que desconoce esa información”.

Lanza manifestó que las autoridades uruguayas encargadas de velar por las respuestas a solicitud de información están regidas por el Órgano Ejecutivo, por lo que hay conflictos interinstitucionales. “No tiene la independencia que necesita porque siempre salen conflictos con el Ejecutivo”, dijo.

“Todos los países de la región somos tributarios de una historia de secretismo, de opacidad. No es algo de países en particular, pero esperamos que este proceso [de leyes sobre acceso a la información] cambie esa cultura”, añadió Lanza.

RENDICIÓN DE CUENTAS

“La transparencia es la obligación del Estado de dar información abierta a la ciudadanía y esté disponible en cualquier momento; y la rendición de cuentas implica un avance más, que haya posibilidad de sancionar e identificar las consecuencias de la falta de transparencia”, explicó la mexicana Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, otra de las conferencistas del evento de ayer.

“En México, por lo menos, se abre información de un fondo para la construcción de nuevas escuelas. Sabemos cuántos millones se gastan, pero no sabemos si las escuelas tuvieron maestros para dar clases, o si quedan como cascarones vacíos”, detalló Peschard.

La socióloga añadió que las leyes de transparencia deben también contener un apartado sobre los archivos. “Si hay acceso a la información, debe haber una ley de archivo que obligue a todas las autoridades a tener archivos ordenados”.

Arias, el candidato ausente

Juan Carlos Navarro, candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático, quien ha dicho que la libertad de expresión y la transparencia serán parte de sus prioridades en caso de ganar las elecciones de 2014, fue el primero en llegar. Minutos después apareció el abanderado de la alianza El Pueblo Primero (Partido Panameñista y Partido Popular), Juan Carlos Varela, que también ha prometido un gobierno transparente, de triunfar en los comicios. Acto seguido arribó el aspirante a la Presidencia por la vía independiente Gerardo Solís. Sin embargo, a pesar de que se le invitó, el candidato presidencial por Cambio Democrático, José Domingo Arias, no asistió al foro sobre libertad de expresión y acceso a la información organizado por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Hasta el momento, Arias no ha manifestado cuál será su política en materia de transparencia y acceso a la información, de ganar las elecciones.

Varela y Solís, en primera fila, escucharon las ponencias de los tres panelistas hasta el final. Navarro y su equipo se retiraron luego de la intervención de la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero.

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