JUSTICIA DE EU DICE TENER PRUEBAS SUFICIENTES

Afirman que Arpaio ´discrimina´ a latinos

Arpaio afirmó a medios locales que incluso aunque se declare inconstitucional la SB1070 seguirá con sus redadas.

El Departamento de Justicia estadounidense dijo ayer que tiene pruebas suficientes para afirmar que el controvertido sheriff de Arizona, Joe Arpaio, uno de los más duros contra inmigrantes indocumentados, ha mantenido durante años un patrón de conducta “discriminatorio” contra los latinos.

Arpaio, una de las figuras más polémicas en el duro debate que se vive en Estados Unidos en torno a la inmigración, llevaba siendo investigado desde 2008 por el Departamento de Justicia ante las sospechas de que practicaba la discriminación por motivos raciales y culturales durante su gestión en el condado de Maricopa, uno de los más activos en la detención de indocumentados en los estados fronterizos con México del país.

De hecho, ha sido uno de los principales defensores –e implementadores– de la dura ley migratoria de Arizona SB1070 y llegó a crear una zona especial para albergar a los indocumentados detenidos en la polémica cárcel en tiendas de campaña (Tent City) que mantiene en su condado.

De acuerdo con la información revelada ayer por el Departamento de Justicia, se considera que hay motivos suficientes para afirmar que bajo el mandato de Arpaio su oficina mantuvo un “patrón de prácticas de conducta inconstitucional y/o violaciones de leyes federales” en áreas como prácticas policiales “discriminatorias” como las retenciones y arrestos ilegales de latinos. También se lo acusa de haber realizado “prácticas discriminatorias” contra presos latinos con pocos conocimientos de inglés al “castigarlos y denegarles servicios críticos”, además de haber “represalias ilegales” contra aquellos que criticaron sus actividades contra los latinos. El “desprecio” de la oficina de Arpaio por las “protecciones constitucionales básicas” ha creado un “muro de desconfianza” entre su departamento y amplios sectores de la comunidad que “compromete dramáticamente su capacidad de proteger y servir a los ciudadanos”, sostuvo el fiscal general adjunto para Derechos Civiles, Thomas Pérez, al revelar los resultados de la larga investigación. Según Pérez, estos problemas están “profundamente arraigados” en la oficina de Arpaio y se han visto “agravados” por la “tendencia retaliatoria” contra aquellos que denunciaron estas prácticas.

Pérez dijo que espera poder lograr una cooperación de la oficina de Arpaio para resolver todos los problemas descubiertos en el informe, para lo cual el sheriff tiene hasta el 4 de enero para emitir una respuesta. Pero, a la vez, advirtió al controvertido sheriff de que no dudará en adoptar “acciones legales adecuadas” si se niega a colaborar “de buena fe”.

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