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Argentina rechaza fallo judicial en caso AMIA

El canciller y el jefe del Gabinete anunciaron que apelarán la decisión que deja sin efecto el acuerdo firmado en 2013 con Irán.

El canciller argentino, Héctor Timerman, rechazó la decisión de la justicia federal local que declaró inconstitucional un acuerdo firmado entre Argentina e Irán para avanzar en la investigación del atentado de 1994 contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), en el que murieron 85 personas.

“Es una invasión sin precedente del Poder Judicial en los ámbitos del Poder Ejecutivo. No hay precedentes”, fustigó el ministro y ratificó que la administración de Cristina Fernández apelará la decisión.

El jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, también confirmó que el Gobierno apelará la decisión que, a su juicio, viola tratados internacionales. “Nosotros propiciamos la apelación del fallo y entendemos claramente que lo que pretende el Poder Ejecutivo es memoria, verdad y justicia, propiciar un mecanismo para el esclarecimiento definitivo de esta causa”, explicó el funcionario.

Según Timerman, la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires supone una intromisión total. “Se han apropiado de las relaciones exteriores de Argentina”, sostuvo.

El tribunal revocó un fallo del juez Rodolfo Canicoba Corral que había considerado constitucional el acuerdo, por lo que ahora el entendimiento entre Buenos Aires y Teherán queda sin efecto.

El acuerdo, firmado en enero de 2013, establecía la creación de una comisión para la investigación del atentado, hecho por el cual la justicia argentina ha acusado a altos funcionarios y exfuncionarios de Irán. El documento fue firmado en Etiopía el 28 de enero, pero fue cuestionado por la oposición argentina y la comunidad judía local e Israel, porque preveía que funcionarios judiciales argentinos se trasladaran a Teherán para indagar a los acusados.

El memorando de entendimiento con Irán, que firmó la administración Fernández fue ratificado por el Congreso el 27 de febrero de 2013.

El tribunal ordenó que el Ejecutivo no realice actos de ejecución del acuerdo mientras transiten las apelaciones que contra la decisión puedan ser presentadas.

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