Tribunal de Roma

Citado abogado que constituyó empresa ‘para desviar las coimas’ de Finmeccanica

El fiscal Paolo Ielo llamó a Giovanni Meliado, abogado que ayudó a Lavitola a constituir la empresa Agafia Corp. en Sofía (Bulgaria), y Elena Napolitano, ex ejecutiva de Finmeccanica.

Panamá considera emprender nuevas acciones penales

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Valter Lavitola, definido por el anterior gobierno panameño como una figura "instrumental" en sus relaciones con Italia. LA PRENSA/Archivo Valter Lavitola, definido por el anterior gobierno panameño como una figura "instrumental" en sus relaciones con Italia. LA PRENSA/Archivo
Valter Lavitola, definido por el anterior gobierno panameño como una figura "instrumental" en sus relaciones con Italia. LA PRENSA/Archivo

Comienza un nuevo viacrucis judicial relacionado con Panamá para Valter Lavítola, después de que fuera condenado la semana pasada a tres años de prisión y 3 mil dólares de multa por dar voz a las extorsiones y amenazas a Impregilo por parte del ex presidente Ricardo Martinelli para que financiara los 22 millones de dólares que aproximadamente costaba el hospital pediátrico de Veraguas.

El fiscal del Tribunal de Roma, Paolo Ielo, ha llamado a testificar a Giovanni Meliado, abogado que ayudó a Lavitola a constituir la empresa Agafia Corp. en Sofía (Bulgaria), y a Elena Napolitano, ex responsable de la Unidad Operativa de Procesos Comerciales de Finmeccanica, en el juicio por corrupción internacional en Panamá.

El intermediario entre Italia y Panamá, Valter Lavítola, y el ex director comercial de Finmecccanica, Paolo Pozzessere, están acusados de intentar desviar hasta 25 millones de dólares en coimas en los contratos firmados entre las sociedades Selex, Telespazio y Agusta Westland, del conglomerado semipúblico italiano y el anterior Gobierno de Panamá.

La Fiscalía sostiene que Agafia Corp. fue constituida con claros fines ilícitos y, en concreto, que debía "constituir el vehículo predispuesto de forma enmascarada para el desvío de las coimas prometidas y acordadas con el Gobierno de Panamá para concluir los importantes contratos con las tres sociedades del grupo Finmeccanica".

Según las conclusiones de los investigadores, esta empresa servía para cumplir fines de asistencia y consultoría, aunque "estas tareas jamás se desarrollaron, siendo reconducible a [el  ex presidente] Ricardo Martinelli [...], beneficiario económico y último destinatario de las sumas de dinero que debía recibir Agafia".

Panamá juega un papel importante en este juicio, que le permite interrogar a testigos, a través del fiscal, y acceder al sumario secreto. Esta documentación judicial facilitará las tareas de investigación por parte de la justicia panameña sobre los sobrecostos en contratos por aproximadamente 50 millones de dólares hechos por el Ministerio de Seguridad Pública con empresas vinculadas a Finmeccanica.

Además, Panamá podrá iniciar un reclamo de carácter arbitral a Finmeccanica ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

En este juicio, el coloso de la defensa italiano sería el principal responsable civil subsidiario por su grave implicación en los hechos. Esto significa que podría ser condenado a reparar el daño causado por los imputados, asumiendo las indemnizaciones que se dictarán en la última sentencia, e incluso el pago total de los costes judiciales de hasta un millón de dólares.

La investigación por corrupción internacional en Panamá esta desgajada en tres piezas independientes, la correspondiente a Finmeccanica, la parte de la empresa Svemark, que sigue en fase de instrucción en Nápoles, y la vinculada al hospital pediátrico de Veraguas. Lavítola pactó por este último caso 11 meses de prisión que deberán ser validados por un Colegio Judicial de Nápoles el próximo jueves.

Panamá considera emprender nuevas acciones penales

El Gobierno panameño considera “la posibilidad” de emprender nuevas acciones penales “y de otro tipo, dentro y fuera de la jurisdicción italiana”, relacionados con los procesos que actualmente se le siguen al conglomerado Finmeccanica.

Por esa razón, en la tarde de hoy, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, sostuvo reuniones en las oficinas de la firma forense Tapia, Linares y Alfaro, contratados por el gobierno panameño. En la cita participaron los abogados Eloy Alfaro De Alba, Adolfo Linares Franco y Octavio Del Moral, así como representantes de los ministerios de la Presidencia, de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores.

“Durante la reunión se discutieron temas como el traslado a Panamá de pruebas que reposan en los procesos penales seguidos en Italia, el uso de las vías diplomáticas, los vencimientos futuros de las garantías de los contratos y la posibilidad de plantear nuevas acciones penales”, señala una nota de prensa del Ministerio de Seguridad Pública.

Mañana, en el Tribunal de Roma, se llevará a cabo una audiencia dentro del proceso penal seguido a Valter Lavítola y Paolo Pozzessere, acusados de la supuesta comisión del delito de corrupción internacional en Panamá.

El Ministerio de Seguridad Público comunicó que en esta audiencia se escucharán nuevos testimonios y estarán presentes un abogado de la firma Hogan Lovells, que representa a la República de Panamá en Italia, y un funcionario de la Embajada de Panamá en Roma.

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