Costa Rica construirá canal seco fronterizo

.- Activistas ecologistas de Nicaragua dijeron hoy que la carretera de 160 kilómetros que el gobierno de Costa Rica comenzó a construir en la frontera común ayudaría a la construcción de un "canal seco" interoceánico que costaría 905 millon

MANAGUA, Nicaragua. DPA.- Activistas ecologistas de Nicaragua dijeron hoy, martes, 8 de mayo, que la carretera de 160 kilómetros que el gobierno de Costa Rica comenzó a construir en la frontera común ayudaría a la construcción de un "canal seco" interoceánico que costaría 905 millones de dólares.

La denuncia fue planteada en rueda de prensa por directivos del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), organismo que acusó a Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) de dañar el medio ambiente con la construcción de la vía que inició el año pasado.

El ambientalista Kamilo Lara, líder de Fonare, aseguró que dicha carretera permitiría al gobierno de Laura Chinchilla "construir un oleoducto y un puerto" en el litoral Pacífico costarricense, el cual se conectaría con Puerto Limón, en la costa Caribe del mismo país.

Norwin Torres, abogado del mismo organismo, dijo citando supuestos documentos costarricenses que se trata de un "mega-proyecto" que fue pactado entre el gobierno de San José y la multinacional Amega.

"Lo que está tramado viene siendo la construcción de una mega-transbordadora del Atlántico promocionada por la empresa Amega, y por eso el gobierno de Costa Rica la ha declarado de interés nacional", añadió.

"El proyecto tiene un costo total de 905 millones de dólares, para terminarse en 2014. Costa Rica también quedó comprometida a reembolsar a Amega si ésta no gana la licitación pública de construcción", aseguró Torres

.Chinchilla destituyó el mes pasado a su ministro de Transportes, Francisco Jiménez, tras conocer una denuncia de supuestos actos de corrupción ligados a la construcción de la carretera fronteriza.

Sin embargo, según los nicaragüenses, la destitución de Jiménez pretendía "encubrir" las negociaciones del gobierno costarricense con el consorcio Amega para que no trascendieran públicamente

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