amnistía internacional

Denuncian abusos policiales en México

Tras el hallazgo de cuatro nuevas fosas con restos humanos, los peritos internacionales no han podido acceder al lugar para realizar su trabajo.

Organizaciones internacionales pidieron ayer al Gobierno mexicano “acciones contundentes” para frenar los abusos de las fuerzas de seguridad y honrar su promesa de una investigación profunda de la desaparición de 43 estudiantes hace dos semanas en Iguala.

La sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) lamentó ayer en un comunicado que las familias de los estudiantes desaparecidos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, sigan “sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil”.

Tras el hallazgo de cuatro nuevas fosas con restos humanos, los peritos internacionales reconocidos por los propios familiares de los jóvenes que desaparecieron a manos de policías y presuntos criminales no han podido acceder al lugar para realizar su trabajo, aseguró.

“Si el Gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación a profundidad, medidas básicas como esta deberían estar garantizadas desde el primer momento”, señaló Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México.

La agrupación defensora de los derechos humanos consideró “esencial” que la Fiscalía general dé “acceso inmediato e irrestricto” al equipo argentino de antropología “a todas las investigaciones forenses” que se realizan en este caso, dijo Quiroz.

Señaló que, según la información que ha recabado, el trabajo realizado por los peritos de la Fiscalía de Guerrero al exhumar los 28 cuerpos hallados en las cinco primeras fosas descubiertas el sábado pasado “presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación”.

Además, familiares de los estudiantes desaparecidos tras los ataques a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde murieron 6 personas y 25 resultaron heridas, han denunciado “falta de sensibilidad, cortesía y respeto” de parte de la Fiscalía.

La Fiscalía general asumió la investigación del caso apenas el fin de semana pasado, al considerar que había indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia.

AI exhortó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, al fiscal general Jesús Murillo y al gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, “a asegurarse de que sus promesas no queden en el aire, sino que se hagan realidad con pasos concretos”.

Por ejemplo, dijo, “debe haber una plena apertura hacia el trabajo de los peritos independientes, una afinada coordinación de esfuerzos entre funcionarios y un absoluto respeto a la dignidad de las familias que están buscando a sus seres queridos”.

Asimismo, la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció ayer el incremento de violencia en México con “actos que podrían constituir crímenes internacionales”, al aludir al caso de Iguala, pero también a la muerte de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, de los que ocho fueron presuntamente ejecutados por militares.

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