NEXOS CON PROSTÍBULOS

Denuncian a juez argentino

La acción le atribuye al juez la autoría o participación en el delito previsto y reprimido en el Artículo 17 de la Ley 12 mil 331, conocida como ´Ley de Profilaxis´.

La Fundación Alameda denunció ayer penalmente y pidió el juicio político del juez de la Corte Suprema de Justicia argentina Raúl Zaffaroni, por su presunta vinculación con tres departamentos, que serían de su propiedad y fueron cedidos en alquiler, en los que funcionarían prostíbulos.

La denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación. La Alameda precisó que la presentación es, en realidad, una ampliación de una causa promovida en diciembre de 2009 sobre “una extensa nómina de locales” que formarían parte de una “red de prostitución que allí se describía y sus eventuales cómplices y encubridores”.

“De los elementos de juicio que aquí se acompañan, surgiría la sospecha de que se encontraría involucrado un prestigioso juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni”, indica la presentación.

La Alameda advirtió de que “esta cuestión, que se está ventilando en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales y ante la opinión pública mas no en el ámbito que corresponde que es el de la justicia, genera un clima de escándalo y de alarma social que le otorga gravedad institucional al asunto en razón de las personas aludidas”.

“Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de mis 15 propiedades, de modo que puede ser.

Aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo”, dijo ayer Zaffaroni en declaraciones radiales.

La denuncia le atribuye al juez la autoría o la participación en el delito previsto y reprimido en el Artículo 17 de la Ley 12 mil 331, conocida como “Ley de Profilaxis”.

Ese artículo se refiere a las “casas de tolerancia”, y establece que “serán castigados con una multa de 12 mil 500 a 25 mil pesos” (unos 3 mil a 6 mil dólares) quienes las exploten, y añade que “en caso de reincidencia sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”.

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