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CIDH advierte de desafíos en la región

Mitzi Capriles y Lilian Tintori denuncian la crisis venezolana. Mitzi Capriles y Lilian Tintori denuncian la crisis venezolana.

Mitzi Capriles y Lilian Tintori denuncian la crisis venezolana.

Seguidores de Maduro protestan Seguidores de Maduro protestan

Seguidores de Maduro protestan

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó esta semana su 154 período de sesiones, que incluyó 55 audiencias públicas con representantes de 19 Estados y más de 200 organizaciones para evaluar los problemas en la región.

En una declaración al término de esta jornada, la CIDH expresó su “preocupación” por la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela y confió en que aún sea posible dialogar con Ecuador para resolver las diferencias que han llevado a ese Estado a ausentarse de sus audiencias desde 2013.

En general, el continente americano “tiene profundos desafíos pendientes” en materia de derechos humanos, advirtió la organización.

“En algunos países continúan siendo generalizadas las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y en la región sigue siendo extendida la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles”, remarcó.

Además, la Comisión detecta “significativos obstáculos en el acceso a la justicia”, y muchos casos de “amenazas, hostigamientos y asesinatos permanecen impunes”, así como “una tendencia hacia la criminalización y represión de la protesta social en muchos países”.

Uno de los casos que evaluó durante este mes fue el de Leopoldo López, para quien se pidieron medidas cautelares, pero aún no se ha tomado una decisión.

Denuncian reclusión de estudiantes en La Tumba

“¡Ya basta de violar los derechos humanos de nuestros hijos!”. Esta es la frase que resume el sentir de los familiares de los jóvenes que están detenidos en las celdas de los organismos de seguridad de Venezuela, y que ayer realizaron un encuentro en el Centro por la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), junto a organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La información, que fue reportada por el diario El Nacional, da cuenta de que durante la actividad, las familias compararon una cárcel utilizada durante la dictadura de Juan Vicente Gómez con la que hoy se denomina La Tumba, ubicada en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

“El calabozo de castigos está bajo tierra, a una temperatura de 10 grados C”, denunció Eduardo Torres, coordinador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la UCV.

Luis Betancourt Otaiza, quien participó del conversatorio, recordó cómo su padre, el teniente Pedro José Betancourt, sufrió violaciones a su integridad en La Rotunda, tras ser encerrado en 1919 por oponerse a Gómez. “Los mecanismos de la tortura se han sofisticado. Son torturas físicas y psicológicas que muestran el corte Stalinista del gobierno”.

Torres denunció que también contribuye con la impunidad el retardo procesal y que 80% de los jueces son provisionales, es decir, que son puestos “a dedo” y “obedecen órdenes del gobierno”

Como propuesta, David Morales, del movimiento estudiantil, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitar las cárceles donde están los presos políticos, en especial La Tumba. “Allí estuvo seis meses Gerardo Carrero. No veía el sol. Las 24 horas tenían encendida la luz”, indicó.

Raily Baduel, hija del general retirado Raúl Baduel, relató cómo sufre vejámenes al ir a visitar a su hermano en Tocuyito; sin embargo, lee la carta de su familiar y de Alejandro Tirado, quienes exhortan a seguir en la lucha por la democracia. “¡A mantenerse firmes ante este Estado forajido”, dicen.

‘Gobierno obliga a firmar carta’

Dirigentes sindicales han denunciado que los empleados públicos son obligados a firmar la carta contra la resolución ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Servando Carbone, coordinador de la central sindical Unete, señaló que en Pdvsa y en el Ministerio de Finanzas hay una instrucción en ese sentido y en el de Trabajo utilizan a los trabajadores para que recojan las firmas. “La amenaza es el despido”, dijo. Y agregó que a los militares y a los trabajadores del Ministerio de Defensa les han dado la misma orden. En iguales términos se expresó el dirigente de la central Fadess, Froilán Barrios, quien alegó que en la telefónica Cantv han condicionado los ascensos a la firma del documento. Organizaciones de derechos humanos aseguran que las personas que van a oficinas públicas también son conminadas a rubricar la carta.

REDACCIÓN DE LA PRENSA

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