INDÍGENAS REANUDAN MARCHA

Fiscalía admite demanda por ´genocidio´ contra Morales

Si la entidad halla suficientes pruebas, el mandatario podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.

La Fiscalía boliviana admitió una demanda de una decena de parlamentarios opositores al presidente Evo Morales, a quien acusan de “genocidio” por la violenta intervención policial a la marcha de indígenas que rechazan la construcción de una carretera financiada por Brasil, informó ayer una fuente del Legislativo.

La denuncia fue admitida el viernes por la Fiscalía General, con sede en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país, confirmó ayer a EFE el diputado opositor Tomás Monasterio, de la derechista Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional.

Monasterio justificó la demanda por el delito de “genocidio”, porque el código penal boliviano admite esa figura no solo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan “lesiones de inhumana subsistencia” y cuando hay “desplazamientos” violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el pasado domingo.

“Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de violencia (...) Pese a que fue una intervención policial, el Presidente no actuó conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos”, dijo el diputado.

Agregó que “por más que la orden no haya sido dada por el presidente Morales”, como afirman las autoridades, su obligación era “precautelar los derechos de los indígenas y no lo hizo”.

La Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra suficientes pruebas, Morales podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.

Unos 500 agentes atacaron el domingo con gases y porras el campamento de los indígenas cerca de Yucumo, a más de 300 km de La Paz, amordazaron a dirigentes de las etnias amazónicas y a mujeres y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en autobuses y camionetas a pueblos vecinos.

Un reporte preliminar difundido el jueves por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos detalló que el ataque policial dejó más de100 heridos y unos 200 detenidos, “que recobraron su libertad 17 horas después, y además provocó que varios niños y niñas fueran temporalmente separados de sus progenitores”.

Los indígenas han aclarado que la represión no dejó víctimas mortales, como habían denunciado en días pasados algunos de sus dirigentes, la jerarquía católica y varios medios, lo que Morales tildó de nueva confabulación en su contra.

La acción policial desató una oleada de protestas en todo el país y se ha presentado una crisis institucional con la renuncia de dos ministros, un viceministro y otros funcionarios.

Morales y su Gabinete negaron responsabilidad en el hecho y aunque el mandatario pidió perdón, los indígenas reanudaron ayer su marcha de la Amazonía a La Paz para exigir la suspensión definitiva de la carretera que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Tras los disturbios y manifestaciones por parte de las comunidades indígenas que habitan la región de impacto de la carretera, Morales decidió el lunes pasado suspender las obras mientras consulta a las regiones de Cochabamba y Beni, por las que está previsto que pase la carretera.

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