HRW acusa a generales

José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW. José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW.
José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW.

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, donde miles de civiles fueron asesinados por militares para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y así obtener beneficios, subió ayer de nivel con un informe de HumanRights Watch (HRW) que involucra a altos mandos.

“El rol de los altos mandos en falsos positivos”, como se conoce el caso, es el título que lleva el documento que pone en tela de juicio a varios jefes militares.

Esta semana, la Fiscalía citó a interrogatorio a cuatro generales en retiro del Ejército para que expliquen su presunta relación con casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles ocurridas entre 2005 y 2008 en varias regiones del país.

Entre los citados está Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército.

HRW denuncia impunidad

Decenas de altos mandos del ejército colombiano implicados en la muerte de 3 mil civiles considerados falsamente guerrilleros han escapado a su castigo, hasta ahora, en una de las peores atrocidades cometidas en América Latina, denunció ayer Human Rights Watch (HRW), reportó la agencia de noticias AP.

Según la agencia, en un informe de 105 páginas titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos, la organización hace un balance sobre el patrón de los homicidios cometidos por las Fuerzas Armadas y los procedimientos legales contra los soldados que durante varios años intentaron presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate para inflar el conteo de rebeldes abatidos y lograr promociones y recompensas.

Aunque más de 800 uniformados han sido condenados por estos homicidios, la mayoría son de bajo rango. No se han presentado cargos en contra de ningún oficial que estuviera al frente de una brigada al momento de los asesinatos, entre 2002 y 2008, en el pico de la ofensiva militar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Entre los altos funcionarios señalados por HRW están los generales Juan Pablo Rodríguez, actual jefe de las Fuerzas Armadas, y Jaime Lasprilla, comandante del Ejército. Ambos dirigieron brigadas en diferentes partes del país en las que, bajo su mando, se registraron al menos 76 de los asesinatos.

“Los generales están lejos de recibir el golpe”, dijo el director de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

A principios de este año, el fiscal jefe Eduardo Montealegre indicó que más de una docena de generales estaban bajo investigación, pero hasta ahora ninguno ha sido encausado formalmente.

HRW dijo que Lasprilla no está entre los que son investigados; Rodríguez sí.

De hecho, Vivanco afirmó a la W Radio que en el caso de Rodríguez las evidencias ameritan al menos una indagatoria. “Es el hecho de que entre noviembre de 2007 y fines de 2008 él se desempeño como comandante de la 4ª. Brigada donde se cometieron 28 casos de ejecuciones extrajudiciales. En el caso de Lasprilla, fue comandante de la 9ª. Brigada entre julio de 2006 y octubre de 2007 y la fiscalía está investigando 48 ejecuciones extrajudiciales cometidas por esa brigada. Lo que no es posible aceptar es que esas ejecuciones hayan ocurrido sin que sus comandantes hayan conocido nada al respecto”, apuntó.

La organización también señaló que es poco probable que los oficiales superiores estuvieran directamente involucrados en los asesinatos. Sin embargo, los documentos obtenidos por los fiscales muestran que deberían haber tenido conocimiento de los hechos al plasmar su firma en actas que ordenan acciones ofensivas y pagos a soldados e informantes falsos.

Sobre los testimonios clave a los que alude HRW, Vivanco explicó a W Radio que está el del coronel Robinson González del Río y otra alta oficial cuyo nombre se prometió mantener en anonimato, así como oficiales y suboficiales, los cuales “acusan a los superiores de la jerárquicos de la época, a los comandantes de brigada, de haber autorizado, estimulado y exigido resultados, bajas, sin fijarse en cómo se conseguían esas bajas. Estos hechos son los que deben ser justamente objeto de investigación”, remarcó.

Juan Manuel Santos cesó en 2008 a tres generales y a otros comandantes mientras fungía como ministro de Defensa, cuando estalló el escándalo. Ahora, como gobernante, ha expresado su apoyo a las investigaciones. Sin embargo, su reacción no fue ayer en esa línea y defendió a Rodríguez y a Lasprilla.

“Que no nos vengan a manchar la institución. Escuchaba esta mañana que una oenegé los señalaba sin ninguna documentación de soporte. Ellos están preocupados por su buen nombre y es apenas lógico, ellos le solicitaron a la Fiscalía y la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en su contra”, manifestó Santos, según el diario El Espectador.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por su parte, advirtió que los generales llamados a declarar tendrán la mejor defensa, señaló El Espectador.

El informe también pide protección para los testigos y destaca el caso del soldado Nixon Cárcamo, quien murió en 2014 en un cuartel, durante su detención por cargos relacionados con los “falsos positivos”. En declaraciones a W Radio, Vivanco aseguró que ese caso no fue un suicidio sino un homicidio.

Sobre las evidencias del informe, el directivo de HRW precisó a la emisora que la principal es quizás que lograron establecer que entre 2002 y 2008 prácticamente todos los batallones y un número significativo de brigadas que pertenecen a las siete divisiones que tenía el Ejército en esos años tienen investigaciones abiertas en las fiscalías sobre falsos positivos.

Agregó que hay más de 16 militares que son generales hoy y que en su momento fueron comandantes de las brigadas, que hasta ahora no han rendido cuentas, “salvo hasta ayer que se anunció la citación de cuatro generales que figuran en nuestro informe para ser indagados por la fiscalía por responsabilidades en estos hechos”.

El documento también critica la falta de supervisión de Estados Unidos, y pide al gobierno de Barack Obama suspender la ayuda militar a Colombia, que está condicionada al respeto a los derechos humanos, una partida anual de unos $7 millones.

El senador Patrick Leahy, autor de la ley que permite dicha suspensión, dijo estar profundamente preocupado por el informe y pidió una respuesta enérgica de su país. “Esto demuestra que mientras proveíamos miles de millones de dólares en ayuda al ejército durante muchos años, sus tropas ejecutaron sistemáticamente a la población civil”, agregó en un comunicado.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

15 Oct 2017

Primer premio

6 0 4 8

BDDC

Serie: 7 Folio: 8

2o premio

5559

3er premio

9849

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código