Jueza denuncia amenazas por caso relacionado con espionaje

11:27 a.m. - BOGOTÁ, Colombia (DPA). -La jueza colombiana Jenny Jiménez denunció amenazas de muerte por decisiones suyas presuntamente relacionadas con el caso del espionaje efectuado por el servicio secreto a varias personalidades durante el anterior gobierno de Álvaro Uribe, según declaraciones conocidas hoy.

Jiménez, titular del Juzgado Penal 52 de Bogotá, dijo que un hombre que está recluido en una cárcel de la ciudad de Valledupar le envió una carta con amenazas y advertencias de que se prepara un atentado en contra suya. La carta, según la jueza, señala que el supuesto ataque estaría siendo preparado en respuesta por la orden de captura que expidió en contra de Mario Aranguren, uno de los implicados en el caso del espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.

Aranguren ocupó un alto cargo en el Ministerio de Hacienda y es investigado por presuntamente entregar al DAS información sobre actividades financieras de miembros de la Corte Suprema.

"Recibí nuevamente un pasquín con amenazas, supuestamente por el caso del doctor Aranguren (...) Reforzaron mi esquema de seguridad y estoy esperando que la Fiscalía indague quién es la persona" que envió la carta, dijo la jueza, según declaraciones que publica el diario El Espectador.

"Amenaza a mi familia, que me tengo que ir del país, que tengo que tener mucho cuidado, que esa persona tiene conocimiento de que organizaciones quieren beneficios", agregó Jiménez.

La jueza ordenó en junio pasado el arresto de Aranguren, quien también fue sancionado por la Procuraduría General (Ministerio Público) con una destitución a posteriori y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años por el espionaje.

Uribe, que es investigado por una comisión del Congreso por este caso, ha defendido con vehemencia a Aranguren y a Bernardo Moreno, que fue secretario general de la Presidencia durante su gobierno y es el más alto ex funcionario involucrado en el escándalo.

La Procuraduría General también destituyó a posteriori e inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por 18 años a Moreno y a María del Pilar Hurtado, que fue directora del DAS y hace poco recibió asilo en Panamá.

El caso del espionaje, considerado ilegal porque no fue ordenado por una autoridad judicial, salió a la luz en febrero de 2009, cuando la revista Semana reveló que el DAS, que depende directamente de la Presidencia, hizo seguimientos e interceptó los teléfonos de miembros del Supremo, de dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

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