ESCUADRONES DE LA MUERTE EN HONDURAS

Ligan a policía a ´limpieza social´

El actual director general de la policía ha sido investigado por participación en ´operaciones de limpieza´.

El operativo fue rápido y bajo el amparo de la noche. Hombres encapuchados y armados que llegaron en potentes camionetas abrieron las rejas que dan acceso a un barrio de viviendas humildes amontonadas a lo largo de una escalera comunal. Sin que se produjesen disparos, según el relato de un testigo, se llevaron a Kevin Said Carranza Padilla, de 28 años, conocido en el mundo de las pandillas como Teiker, y a su novia, Cindy Yadira García, de 19.

La mañana siguiente, el 10 de enero, el periódico más importante de Honduras, El Heraldo, informó de que la policía había capturado a un líder de la pandilla Barrio 18, acusado del asesinato de un policía meses antes. Junto al texto aparecía una fotografía del joven maniatado y tirado en el suelo.

La madre de Carranza, Blanca Alvarado, lo reconoció por sus tatuajes. La foto fue distribuida a los medios por un agente de policía según tres personas cuya identidad se oculta porque se teme por su seguridad.

Poco después funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal reconocieron que existía una orden de detención contra Carranza y que había pasado por uno de sus calabozos. Dos meses después, Carranza y Yadira desaparecieron. No están bajo arresto ni hay ninguna acusación judicial en contra de ellos. La policía dice que no sabe nada del caso. “A estas alturas”, dice la madre de Carranza, “solo se puede pensar en la muerte”.

INDICIOS

La policía de Honduras ha sido acusada durante décadas de actuar más como asesinos que como funcionarios que defienden y aplican la ley, pero pocos casos han sido investigados.

En 2011, policías asesinaron al hijo de la rectora de la Universidad Nacional y a uno de sus amigos y se les acusa de estar implicados en el asesinato de un reconocido periodista de la radio. Antes, la universidad había divulgado un informe en el que se reconoce que la policía ha estado implicada en la muerte de 149 hondureños entre 2011 y 2012.

En los últimos tres años, el Ministerio Público ha recibido al menos 150 denuncias de casos que podrían calificarse como asesinatos perpetrados por escuadrones de la muerte operados supuestamente por la policía y al menos 50 más en San Pedro Sula.

El mismo informe de la Universidad Nacional dice que 25 miembros de Barrio 18 fueron asesinados por la policía en 23 meses.

“No tengo ninguna duda de que existe una política de limpieza social desarrollada por las autoridades”, dijo un funcionario familiarizado con las investigaciones, que no puede identificarse porque teme por su vida.

A LA CABEZA

Incluso el actual director general de la policía, Juan Carlos Bonilla, ha sido acusado e investigado por su participación en hechos de estas características.

En 2002, un informe del departamento de Asuntos Internos de la policía implicaba a quien entonces era el inspector de prisiones, Bonilla, en tres asesinatos o desapariciones forzadas ocurridas en Tegucigalpa entre 1998 y 2002. También se le vinculaba con al menos otros 11 casos en el marco de lo que en esa época se llamó una política de “limpieza social” dirigida a luchar contra la criminalidad. Bonilla fue juzgado y absuelto por uno de los casos. La jefa de Asuntos Internos que lo denunció, María Luisa Borjas, fue destituida de su cargo y expulsada de la fuerza policial y el resto de acusaciones nunca fueron investigadas.

En las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal Alvarado encontró a 20 policías, algunos encapuchados, que jugaban con sus armas mientras les preguntaba por el paradero de su hijo.

“Vayan a buscar a esos perros, al Tablón”, recuerda que le dijeron. El Tablón es un lugar conocido porque allí habitualmente arrojan cadáveres de jóvenes ejecutados, amarrados de pies y manos, y ubicado en las afueras de la capital.

VERSIÓN OFICIAL

El portavoz de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, dice que no sabe nada del caso de Carranza. Agregó que Honduras se encuentra inmersa en una guerra contra las pandillas y que hay grupos de asesinos que responden a diversas estructuras del crimen organizado.

“Tenemos detectado un grupo de personas que desarrolla ese tipo de operativos, existen similitudes con otros casos y trabajamos para resolverlos”, dijo Mejía.

“Si alguna vez el Estado actuó de esa manera, a mí no me consta. Si algún policía estuviese involucrado en ese tipo de delitos se le detendría. Las autoridades del Estado no pueden ni deben combatir el crimen de esa manera”.

En 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por no documentar lo que sucedía con las personas una vez eran detenidas y porque permitía que la policía entorpeciera al Poder Judicial en la investigación de casos de desaparición forzada, “incluyendo amenazas a jueces y negativa a reconocer los hechos”.

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